La semana pasada, América Central escribió el último capítulo en el libro que describe las maneras en que la región se resiste a hacerse más eficiente.
En este caso, la cuestión consiste en las barreras al comercio de energía entre los países centroamericanos, específicamente el rechazo de la venta de electricidad de Guatemala a El Salvador.
Por un lado, la planta hidroeléctrica Xacbal, la más grande de la región, con una inversión de $250 millones, parece ser un claro ejemplo de la integración.
El proyecto fue construido y es operado en Guatemala por el Grupo Terra, dirigido por el hondureño Fredy Nasser, con el objetivo de suministrar energía a los clientes locales, así como a los del resto de la región.
Terra tiene intereses en toda América Central en generación energética, estaciones de gasolina, obras públicas y telecomunicaciones, junto con un proyecto hidroeléctrico en Perú.
En este caso, era natural que Xacbal llegara a un acuerdo para la venta de 30 megavatios, casi un tercio de su capacidad, a un distribuidor en El Salvador, subsidiaria de AES, con sede en Estados Unidos.
El contrato de 15 años debía entrar en vigor el día de Año Nuevo de 2012, después de haber sido firmado más de dos años antes de que la construcción de Xacbal se complete.
Parecía como si Xacbal y AES habían planeado bien, excepto que hace dos semanas las autoridades de Guatemala y El Salvador se dieron cuenta de que las leyes locales no permiten las transferencias de electricidad entre los dos países.
El nuevo régimen del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central puede aprobar nuevas reglas que rigen estos casos.
Lastimosamente, aún no las ha elaborado.
El contrato Xacbal parecía un negocio redondo, envuelto para regalo para los consumidores y las industrias salvadoreñas, hambrientos de energía.
En su lugar, se ha invertido en la burocracia.
