Control político partidario del Estado

Eddy Enrique Martínez Rivera
El Nuevo Diario, Nicaragua

Todos los ciudadanos tenemos la concepción de que un Estado como superestructura tiene como finalidad la de administrarnos y dirigir los designios nacionales hacia el mejoramiento social, aplicando y respetando el sistema jurídico para la sana convivencia de todos. 

Ese respeto significa que los poderes del Estado son independientes entre sí, habiendo entre ellos una coordinación armónica, subordinándose únicamente a los intereses del país y a la Constitución Política. Así debería ser. Ninguno de los poderes del Estado debe inmiscuirse en los asuntos de los otros poderes, ya que cada uno tiene sus funciones y atribuciones que la ley les ha concedido. 

Solo imaginémonos lo que sucedería en Nicaragua si el actual régimen obtuviere el control mayoritario de la asamblea nacional en las próximas elecciones generales, dando por un hecho que el actual Presidente de la República continuará como tal. 

Si nuestro sistema jurídico es violentado según la conveniencia del gobierno, el futuro del Estado Social de Derecho, tendría una concepción política excluyente de quienes no comulgan con ella. El actual gobierno quiere tener un marco jurídico que le permitiera ejercer actos que ahora no puede porque el sistema normativo se lo impide y para realizarlo debe negociar con sus opositores.

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