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El financiamiento público de los partidos políticos

Lunes 18 octubre, 2010


Mario J. Galindo H.
La Prensa, Panamá

Con el anuncio de que se propone eliminarlo, el señor Presidente ha puesto en el candelero político el tema del financiamiento público de las actividades de los partidos.  La iniciativa presidencial –se nos informa– obedece a la necesidad de utilizar los fondos estatales que por esa vía se liberarían para aumentar el monto de las exiguas pensiones de vejez que la Caja de Seguro Social les reconoce a la gran mayoría de los asegurados.

Estoy seguro de que, sometida a un sondeo de opinión, la medida resultaría popular. Como también lo sería, sin duda, cualquier otra que, con el mismo propósito, suponga la eliminación de las muchas erogaciones estatales que representan, esas sí, un auténtico despilfarro de fondos públicos. La lista sería interminable. Cabe entonces preguntarse ¿con arreglo a qué criterio se seleccionó, entre las muchas otras posibilidades, la eliminación de la subvención oficial de los partidos políticos?

No es esta la primera vez que defiendo la conveniencia de dotar a las colectividades políticas de fondos públicos que les permitan desarrollar sus actividades con autonomía frente al Gobierno y a los grupos económicamente poderosos. Todas las democracias occidentales importantes lo vienen haciendo desde hace años no por ociosidad, sino porque entienden que es necesario.

Luego de poner de presente las características negativas de los partidos políticos de la época, señalé que, en mi opinión, su patología obedecía, en gran medida, a la falta de un esquema financiero que les permitiera funcionar adecuadamente y agregué que no veía al respecto otra solución “que la de establecer un subsidio estatal obligatorio a favor de todos los partidos políticos legalmente reconocidos.

Convengo en que en esta materia lo ideal sería que cada partido se autofinanciara mediante las cuotas de sus miembros y las donaciones privadas de sus simpatizantes, sometiendo estas últimas a límites razonables para desincentivar, en lo posible, el tráfico de influencias. Lamentablemente ningún país democrático importante ha logrado siquiera aproximarse al referido ideal y de allí que casi todos hayan aceptado la necesidad de garantizarles a los partidos la financiación de sus gastos legítimos con fondos públicos.

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