Funcionarios irresponsables

Noé Vega
La Prensa, Honduras

Las decenas de millones que anualmente paga el Estado por juicios que se promueven contra el mismo representan una pérdida grande para el pueblo hondureño, producto de resoluciones tardías, ilegales y por falta de cumplimiento de ciertos procedimientos, trámites y plazos que el Estado debe cumplir en determinados asuntos. Provienen de todas partes, desde demandas laborales, por asuntos civiles o por indemnizaciones que los particulares solicitan al sentirse dañados en sus bienes o intereses.

Ante esta situación la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, ha propuesto que llegó el momento en que el Estado pueda “repetir lo pagado”, que es la fórmula con que en ley se reconoce a la persona que paga algo, el derecho para que pueda reclamar dicho pago de quien se considera responsable por la acción u omisión. En términos claros, con el caso de la granja penal de Comayagua, la ministra ha dicho que se debe investigar la responsabilidad de funcionarios públicos involucrados en el manejo de ese centro penitenciario y que se debe crear la estructura jurídica necesaria para que, en el caso, de que las investigaciones arrojen irresponsabilidad, mal manejo, incumplimiento de los deberes y funciones de los funcionarios públicos, que el Estado les cobre todo lo que tenga que pagar a los particulares producto de las malas actuaciones, decisiones y resoluciones de los funcionarios públicos.

Esto más allá de necesario, es urgente, pues existe todo un universo de violaciones a la ley en que incurren los funcionarios públicos, por cuya conducta luego el Estado es demandado, sin que haya un asidero legal claro que le permita al Estado recuperar esos fondos que se pagan producto de la irresponsabilidad, la ignorancia y el incumplimiento de deberes de gran cantidad de funcionarios públicos, que en vez de aplicar la ley, la tuercen. Ya el presidente, ha llamado a un acuerdo conciliatorio con los familiares de las víctimas del penal de Comayagua, tratando de evitar un proceso penoso y también costoso para el Estado hondureño que, con seguridad saldrá culpable ante cualquier instancia internacional en la que se le demande.

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