La brecha se ampliará
Tuesday 20 September, 2011
Roberto Castro
Prensa.com, Panamá
La brecha entre ricos y pobres siempre ha existido a través de la historia del hombre. Por más que se trate de eliminar, vuelve y crece, al igual que la Hidra de la mitología griega. Mientras exista quien detente el poder político o económico y quien lo sufra, también existirá esa repudiable brecha, oscura, repulsiva, entre unos y otros.
El éxito de cualquier sistema social radica en el cerramiento paulatino de esa brecha, mediante una agresiva campaña de inclusión social de las clases menos favorecidas. Pero, ¿qué significa esa manoseada expresión “inclusión social”? Significa desterrar el asistencialismo, las limosnas y los regalos electoreros, cambiándolos por herramientas duraderas y de calidad, que le permitan al ciudadano pobre o de clase media avanzar dentro de la rueda de la economía nacional y, por ende, tener una mejor calidad de vida. A las herramientas tradicionales, como son la educación gratuita de óptima calidad, servicios óptimos de salud, seguridad permanente y apoyo sin mezquindades a los emprendedores, yo le agregaría otra herramienta que está en boca de todo el mundo últimamente: la seguridad jurídica de sus propiedades, en especial la de su lote, parcela o finca.
Un simple derecho posesorio no constituye una verdadera herramienta, pues no sirve para obtener créditos bancarios ni para defenderse del raponazo jurídico de los avivatos. El 50% del país se debate en medio de esta incertidumbre, razón por la cual desde el gobierno de Endara se ha venido hablando de la urgente necesidad de corregir dicha anomalía, especialmente en las cada vez más apetecidas costas e islas panameñas. Para ello, se han creado leyes a través de los últimos gobiernos hasta llegar hoy a la famosa Ley 80 que recogió toda la dispersa legislación existente sobre el tema, y la Ley 59 que creó la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) en un esfuerzo por simplificar, tecnificar y masificar el proceso de regularización y titulación de todo el país, buscando llegar a la tan anhelada posición de “país titulado, país desarrollado” o, como lo expresan otros: “Panamá, país de propietarios”. Esas dos leyes son el resultado de una lucha tenaz durante décadas de un buen número de organizaciones civiles.