Martinelli no dialoga y sigue la crisis

 

La crisis económica de EE.UU. y los países más industrializados del mundo parece consolidarse. La tasa de ganancia de las inversiones —y como consecuencia— el crecimiento económico se encuentra en su punto más bajo desde la gran crisis. La economía mundial sigue marchando —aunque cojeando—, en gran parte debido a la expansión de la producción china. Entre los países llamados ‘subdesarrollados’ la situación es ambivalente. En los países de la gran cuenca del Caribe las tasas de crecimiento han perdido su ímpetu. La disminución de las importaciones de EE.UU. —entre otras razones— han resentido las economías de la Región.

 

En el caso de Panamá, la tasa de crecimiento ha disminuido en forma significativa en los últimos dos años. Sin embargo, Panamá logra mantener una tasa aceptable para los inversionistas, en gran medida gracias a las expectativas creadas por la ampliación del Canal, las actividades portuarias y la confianza que le proporciona un gobierno amigo del capitalismo depredador.

 

En 14 meses en el poder, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha creado condiciones favorables para que los inversionistas extranjeros lleguen al país recibiendo todas las garantías para que puedan explotar sin control a la fuerza de trabajo y acabar con la naturaleza del país. Precisamente, las dos fuentes de riqueza de todo país. El presidente Martinelli —quizás ignorando el significado de sus propias acciones— está destruyendo la relación productiva que debe existir entre la población (trabajadores educados y productivos) y la naturaleza que sirve de base para el desarrollo económico. La gota que rebasó el contenedor fue la aprobación, a tambor batiente, de la Ley 30, que de un solo plumazo reformó tres códigos y seis leyes. Esas piezas legislativas existían para proteger a la población y a la naturaleza de los inversionistas depredadores.

 

Los depredadores son inversionistas piratas, quienes para extraer riquezas destruyen todo lo que encuentran en su camino. En el caso de Panamá, la Ley 30 les permite a los inversionistas destruir las comunidades formadas por trabajadores, quienes se quedarán sin el empleo asalariado que les permitía llevar el sustento a sus hogares. Al mismo tiempo, les dará luz verde a los inversionistas que están destruyendo bosques, ríos, playas y otros recursos naturales.