Políticas públicas y “Think Tanks”

 

En el mundo académico, desde hace algunos años, se trata de diferenciar a la política, de las políticas públicas y de la acción concreta de los gobiernos al servicio de la colectividad. En sociedades como la nuestra en que la actividad que se ejecuta en el escenario público no es clara, transparente y al servicio del bien común, el protagonismo desmesurado del gobierno impide que el ciudadano participe en la elaboración de políticas públicas que protejan sus intereses. 

 

Al fin y al cabo, la democracia, permite que la acción individual y colectiva en el espacio público, en la medida en que está protegida por la ley, facilita el establecimiento de consensos y crea oportunidad para colocar a los gobiernos al servicio del bien común. Acaba de estar entre nosotros Carlos Salazar Vargas, el que con su libro bajo el brazo: “Políticas públicas & Think Tanks” nos ha traído un importante insumo sobre el tema. 

 

Posiblemente lo más importante, ha venido a animarnos para que no le dejemos al gobierno la exclusividad de la elaboración de las políticas públicas. Las que ha definido como “el conjunto de sucesivas respuestas frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas”. Como le explicáramos la doctor Salazar, el problema de esta definición, fundamentalmente, es que coloca al “Estado” –que debería leerse gobierno para ser más precisos y oportunos– en una posición superior, debilita a la sociedad civil, elimina la acción de los partidos; e incluso cierra la oportunidad a los individuos y a los grupos que hacen propuestas y buscan respaldo para políticas públicas que obliguen al gobierno a hacer lo que, en algunos momentos no es incluso su voluntad.

 

Usando el texto que venimos citando, me parece un poco más amplia la afirmación que la política pública es “la nueva noción que trasciende su connotación vulgar de curso de acción, para ser definida como una parte de un proceso general, junto con la clarificación de las metas, la definición de la situación del caso y la determinación de los medios óptimos para efectuar la acción decidida” (May, página 45).

 

La anterior definición aunque no resuelve todos los problemas, plantea los retos y las aclaraciones que hay que hacer. En la medida en que introduce el concepto de proceso general, crea la urgencia para el protagonismo de varios actores, dándole al espacio público, el carácter democrático que caracteriza el encuentro de múltiples intereses que al converger y derivar en consensos, permite elaborar políticas públicas más democráticas que los gobiernos se encargan de ejecutar.