Jueves 22 agosto 2019

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¡Albricias, nos viene un cazapresidentes!

Jueves 01 julio, 2010


Oscar Clemente Marroquín
La Hora , Guatemala 
 
Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez (vaya par de "angelitos"), son dos presidentes de Costa Rica que tiemblan al escuchar el nombre de Francisco Dall´Anesse Ruiz, el Fiscal General que sentó un precedente en ese país centroamericano al procesar a dos ex gobernantes por corrupción.
 
 Y ahora Dall´Anesse viene a Guatemala a dirigir la Comisión Internacional Contra la Impunidad para los próximos meses, hasta el fin de su mandato que prácticamente ha de coincidir con las elecciones generales del año próximo.
 
En Guatemala el ejercicio del poder ha significado la oportunidad para amasar inmensas fortunas mediante acciones de enriquecimiento ilícito que, no por casualidad, no están siquiera tipificadas como delito en la legislación nacional. De manera deliberada el Congreso de la República atendió la solicitud del Ejecutivo para dejar sin efecto la legislación que sancionaba el enriquecimiento ilícito en el ejercicio del poder, tema que sin duda tendrá que ser impulsado por la nueva jefatura de la CICIG porque es inaudito que en un país como el nuestro, con tan débiles controles, no exista siquiera la posibilidad de castigar la corrupción en gran escala. 
 
Ciertamente la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala tiene limitado su mandato y no puede incursionar en cualquier tipo de delitos porque está constreñida a actuar cuando existen grupos clandestinos o poderes paralelos de los que se definen en sus instrumentos de creación. Pero para saquear al país en la dimensión en que ocurre cada cuatro años, es obvio que los corruptos diseñan y conforman grupos paralelos y clandestinos que les ayudan a perpetrar las acciones delictivas que convierten en millonarios no sólo a los gobernantes sino a quienes les rodean y facilitan el latrocinio. 
 
El marco de la impunidad que fue montado durante el conflicto armado interno para proteger a los que libraron la guerra en defensa de las instituciones constitucionales ha servido, además, para encubrir toda una serie de manejos ilegales que tienen la exclusiva finalidad de enriquecer a quienes montando organizaciones criminales se dedican a saquear al Estado, al contrabando, al secuestro, el robo de vehículos, el narcotráfico, el sicariato y toda una gama de expresiones de delincuencia que florecen en el marco de la absoluta seguridad de que vivimos en un paraíso en el que quien la hace, jamás la paga. Castresana y la CICIG empezaron no sólo a crear una nueva estructura conformada por jueces, fiscales, policías y activistas sociales comprometidos en la lucha contra la impunidad, sino que elevaron el perfil del problema de tal manera que actualmente todos los guatemaltecos sabemos el altísimo costo que significa el control de nuestras instituciones por el crimen organizado en sus distintas manifestaciones