Domingo 25 agosto 2019

Logo Central America Link

“Lavarse las manos” con la cárcel

Viernes 09 julio, 2010


Federico Campos Calderón
La República, Costa Rica 
 
Recientemente se informó en la prensa que el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), don Francisco Jiménez, pretende enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para convertir en delitos conductas tales como virar en U, rayar en puentes o irrespetar la doble línea amarilla; y que estas sean sancionadas con pena de cárcel de uno a tres años de prisión. 
 
Es incomprensible que una persona que ostenta el rango de Ministro no tenga la más mínima idea de las consecuencias sociales que podrían generarse con una ocurrencia de esta naturaleza. Con absoluta ligereza, y sin estudios científicos o técnicos que le amparen, el señor Ministro cree que “mandar a hacer delitos” a la Asamblea Legislativa es como encargar pastelillos en una panadería.
 
En este país todos los días y para todo tipo de situaciones se promueve la creación de nuevos delitos, o se pide endurecer las penas de cárcel, como si el derecho penal fuera la panacea o la “pomada canaria” para afrontar todas aquellas situaciones en las que fracasa la intervención estatal. 
 
Educación vial: La educación vial de los costarricenses es pésima desde hace muchos años porque el Estado no ha invertido los recursos económicos necesarios para paliar esta situación, por ello las consecuencias de esta omisión estatal se evidencian todos los días en las carreteras. 
 
Maniobras vehiculares como las que se pretenden penalizar bien podrían atenuarse si los conductores fueran realmente conscientes del peligro que generan con esas acciones; pero en este país poco o nada se invierte en educación de la población para que interiorice los efectos que podrían derivarse de las decisiones que toman cuando conducen vehículos. 
Esta propuesta de penalización no es otra cosa que una forma precipitada y disimuladade “lavarse las manos”, soslayando así el Estado las responsabilidades que le atañen y endosándole a la jurisdicción penal los fracasos de su gestión administrativa. Es al MOPT, y no al derecho penal, a quien le atañen las responsabilidades relativas a la materia de seguridad vial.