¿Por qué era necesario?

 

Recientemente, el Gobierno de la República anunció una nueva política arrocera. Cabe preguntar por qué era necesario cambiar la anterior, y en qué consiste la nueva política. Empecemos por el primer tema. La política arrocera tenía, como uno de sus elementos centrales, la fijación de precios, tanto al productor como al consumidor. En el primer caso, los precios se fijaban con base en un modelo que intenta reflejar la productividad promedio del sector.

 

Como resultado de esta política, los precios del arroz en Costa Rica se han ubicado muy por encima de los precios internacionales de este grano, en perjuicio de los consumidores y en violación de los acuerdos comerciales de los que forma parte nuestro país, que ponen límites estrictos a los “subsidios altamente distorsionantes” que el país puede ofrecer a sus productores, entre los cuales figura la fijación de precios.

 

Esta política tenía el inconveniente, además, de beneficiar más a los grandes productores que a los pequeños. ¿Por qué? Porque el precio al productor se fija con base en una estimación de la productividad promedio del sector. Esto implica que los grandes productores, con productividad superior al promedio, gozaban de un margen de ganancia muy amplio, mientras que los pequeños, con productividad inferior al promedio, tenían un margen muy estrecho. 

 

Estábamos cayendo en la paradoja de encarecer el precio al consumidor —y ya se sabe que el arroz juega un papel especialmente importante en el consumo de los grupos de menores ingresos— sin lograr a cambio, siquiera, la prosperidad del pequeño productor, pero estimulando (en realidad, subsidiando) la del gran productor. Claramente, además de ser ilegal en términos de nuestros compromisos comerciales internacionales, era una política contraria a los más elementales principios de equidad y solidaridad en el diseño de las políticas públicas.

 

Ante esta situación, el gobierno decidió dar un giro importante y diseñar una política enfocada primordialmente a los pequeños y medianos productores, así como a la protección de los consumidores. Dentro de este nuevo enfoque, la fijación de precios al productor que, vale la pena insistir, beneficiaba particularmente a los grandes productores es eliminada, y sustituida por una política que ofrecerá, exclusivamente a los pequeños y medianos productores, capacitación en la gestión de negocios, apoyo técnico agropecuario, orientado al incremento de la productividad, por ¢5 mil millones, y acceso a una línea de crédito de más de ¢4 mil millones. Por otra parte, y por un tiempo prudencial, se mantendrá la política de fijación de precios al consumidor, para garantizar precios asequibles a los consumidores de altos ingresos.