¡Qué buen negocio!

 

El mandatario explicó que no se cuenta con ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades del país, y que estos recursos son necesarios.

 

En lo único que estoy de acuerdo con el presidente es que el Estado guatemalteco afronta serias dificultades para cumplir con sus obligaciones constitucionales y que la debilidad financiera se traduce en debilidad institucional. El desacuerdo viene en la solución que plantea para agenciarse de los fondos. 

 

En lugar de promover, impulsar y llevar adelante una reforma fiscal integral, el mandatario cedió a las presiones de los grupos económicos y desistió rápidamente de lo que sí habría sido una transformación de fondo para el país: incrementar la carga tributaria de forma sostenida y gradual, a través de impuestos directos, para que paguen más, quienes más tienen y de esta forma lograr un estado de bienestar para toda la población. Pero ahora resulta que, como no hay reforma fiscal, la vía es continuar con un contrato lesivo para el país, desde el punto de vista ambiental y social, pero también desde el punto de vista económico.

 

Para nadie es un secreto que las regalías que recibe el Estado por la explotación del petróleo son ínfimas si se comparan con las ganancias millonarias que se lleva la petrolera extranjera. El estado guatemalteco recibió en los últimos 15 años un millardo de quetzales por concepto de regalías de la empresa Perenco. Como no existen controles ni datos fiables, sino que se toman como buenos los reportes de la petrolera, el dinero que se recibe corresponde a la producción que ellos reportan, situación que nos coloca como país, cuando menos, en el papel de idiotas. Lo dramático es que lo lesivo no termina con el asunto de las regalías.