Miércoles 24 julio 2019

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24 horas

Martes 22 junio, 2010


Pedro Oller
La República, Costa Rica


La abrupta decisión del Ministerio de Salud por cerrar, en plazo perentorio de 24 horas, varios edificios de la Asamblea Legislativa en el fondo es acertada. Si no fuese por lo repentina y atropellada, se atreve uno a pensar que podría haberse coordinado un desalojo progresivo que permitiera seguir operando, y a la vez, reducir los riesgos, el sabor de boca sería otro.

Dirán los mesurados, que las medidas sanitarias en que se fundamenta la decisión tienen más de cinco años de rendidas. Entonces, ¿cuál es el apuro?

Dirán los más atrevidos que es resultado de la comparecencia de la ministra Avila en el plenario y que estuvo cargada de tensión y reproches por el desabasto de leche en los CEN-CINAI bajo su supervisión

Dirán los conspiradores que hay coincidencia entre la orden de clausura y el escandalillo en torno al “outsourcing” del BCIE en la compra de los terrenos para el nuevo edificio y su implicado financiamiento. ¿Y qué puede decir uno si el asunto fue declarado secreto?
Al medio, los diputados. Infatuados de una importancia que solo ellos se creen, exigiendo respeto más allá del que nos han demostrado a los ciudadanos y sin una lectura clara —aún— de las consecuencias de su aumentar, digo accionar.

Como jactanciosa nos resultó también la Ministra de Salud para quien los más de ¢200 millones que se gastaron en remodelar su oficina, la de sus viceministras y unas salas, se justifican porque, según escribió y trascendió: “La verdad, yo merezco esa oficina nueva”. ¡Qué feo!

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