Adiós derechos posesorios
Monday 26 September, 2011
Surse Pierpoint
Prensa.com, Panamá
El anteproyecto de ley 070, presentado el pasado 19 de septiembre, es quizás el ataque más feroz contra los derechos posesorios y la propiedad privada en Panamá. Con la excusa de proteger los bienes del Estado, el anteproyecto no solo ataca los derechos posesorios en islas y costas, sino también en tierra firme y destruye la única esperanza que tienen cientos de miles de panameños de titular sus tierras.
Según el anteproyecto, los dueños de derechos posesorios, en cualquier parte del país, podrán titular gratis cinco hectáreas si la tierra es para uso agropecuario, pero solo 5 mil m2, si se encuentra en zonas turísticas o es apta para la actividad inmobiliaria. De ahí en adelante, el dueño pagará el precio de mercado determinado por avaluadores y la Autoridad Nacional de Tierras. Ninguna familia puede vivir con cinco hectáreas, por tanto, la mayoría de los campesinos van a tener que pagar por lo que por derecho ya les pertenece.
Por ejemplo, los indígenas residentes en el sur de la Isla Bastimentos, donde la tierra se cotiza a cuatro dólares el m2, quienes tienen aproximadamente 250 hectáreas, tendrán que pagar unos $10 millones, lo que equivale a 600 años de ingresos de esa comunidad. En Darién, donde el lote promedio es de 70 hectáreas y tiene un precio promedio de $3 mil, los dueños de tierras tendrán que pagar $195 mil, lo que equivale a 55 años de ingresos anuales. Asimismo, una persona que tiene 20 hectáreas en Tonosí, donde el precio promedio varía entre $5 mil y $8 mil la hectárea, tendrá que pagar hasta $120 mil, lo que equivale a 20 años de ingresos familiares. Si esas familias se endeudan para pagar por los títulos, no podrán jamás pedir préstamos para comprar insumos o hacer mejoras al terreno, eliminando la ventaja más importante de la titulación. Lo más seguro es que esas personas incumplirán con la obligación de pago de la primera letra. El resultado será que el Estado se posesionará de esas tierras y las rematará a personas con muchos recursos económicos, que serán los únicos beneficiarios de esta ley dracónica que viola los derechos humanos.