Asociaciones público – privadas

 

Entre los elementos más característicos de la política económica oficial se destaca como eje constitutivo lo que hemos llamado el proceso de acumulación por desposesión. Este se ha venido desarrollando por medio de un movimiento destinado a hacer retroceder las conquistas sociales, tal como ocurre con los derechos laborales, así como por la vía de un conjunto de medidas que buscan despojar a la población de sus derechos consuetudinarios al uso de determinados recursos naturales; de manera que se transita de formas comunitarias y sostenibles de utilización de los mismos a formas que, como la minería y las hidroeléctricas, resultan altamente rentables para los sectores económicamente dominantes, pero insostenibles desde el punto de vista ambiental. 

 

El objetivo principal de todo este proceso es el de consolidar el poder efectivo de la fracción de los sectores hegemónicos que controla las riendas del Estado, las que se utilizan de manera directa y desembozada para ampliar la magnitud y la velocidad de la acumulación de capital que les pertenece. Las información reciente muestra que la tendencia de la política económica se dirige a profundizar el modelo concentrante y excluyente de nuestra economía.

 

Esto se evidencia en la pretensión oficial de introducir las llamadas Asociaciones Público – Privadas, las que pueden servir, por ejemplo, para ofrecer en concesión bienes, activos y recursos públicos, con el fin de que estos sean objeto de explotación por parte del capital privado. Se trata, de acuerdo a un importante medio de comunicación social, del posible otorgamiento de “derechos sobre bienes y patrimonios del Estado o de los gobiernos locales”, en condiciones tales que, de acuerdo a ese mismo medio, los expertos señalan que para el éxito de la operación la participación del Gobierno en la misma tiene que ser minoritaria. 

 

Se trata, teniendo esto en cuenta, de la introducción de nuevos mecanismos de acumulación por desposesión, donde el conjunto de la nación es prácticamente despojada de su patrimonio, el cual pasa a ser utilizado en términos de una lógica destinada a maximizar los beneficios privados de quienes pasarán a controlarlos. Estamos, vale la pena añadir, frente a un mecanismo con la capacidad de generar nuevas formas de privatización a nivel de un conjunto de servicios públicos básicos, como lo son la educación, la salud, el agua potable y otros.