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Aún estamos a tiempo

Miércoles 16 noviembre, 2011


Álvaro Camilo Bermúdez
El Nuevo Diario, Nicaragua

El recién finalizado proceso electoral estuvo plagado de una serie de irregularidades que debemos denunciar para hacer conciencia en aquellos apáticos y pocos informados ciudadanos nicaragüenses que no han calculado la magnitud del nuevo escenario político que viviremos a partir del diez de enero del año dos mil doce, fecha en la cual Daniel Ortega iniciará un nuevo período presidencial. Desde su inicio el proceso electoral fue nulo, al menos la mayoría de los magistrados que conforman el Consejo Supremo Electoral se encontraban con sus períodos vencidos; sin embargo, gracias a la resucitación del párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987 es que esta serie de funcionarios públicos se han mantenido en sus cargos.

La débil actitud de la oposición política nicaragüense aunado a una desilusionada ciudadanía, una complaciente posición del empresariado junto a la bien planificada intensión del FSLN de gobernar “cueste lo que cueste” fueron los factores primarios de los pronosticados resultados del 6 de noviembre pasado.

El FSLN facilitó al CSE toda su estructura partidaria para poder hacer realidad la nueva y cuestionada victoria de Daniel Ortega. Una vez convocada las elecciones se diseñó un sistema de compartimentación al grado tal que cada oficina del poder electoral trabajada sobre la base de una acción definida sin que la oficina de al lado –que también tenía roles por cumplir- supiera lo que su oficina vecina estaba realizando. De esa manera, por ejemplo, la oficina de cedulación ciudadana cumplía con la función de cedular únicamente a los simpatizantes del FSLN mientras castigan con muerte civil a los que estaban en la acera de la oposición. Por su parte, la Dirección de Atención a Partidos Políticos siempre prestos al llamado de sus superiores para guillotinar legalmente a aquellos que atentaren contra los supremos intereses políticos del partido de gobierno. Por otro lado la cuestionable conformación de los Consejos Electorales – Departamentales y Municipales- permitió que partidos políticos sin estructura ni seguidores fueran parte integral de un sistema diseñado científicamente que desembocó en el recién concluido fraude electoral que permitirá el control absoluto del gobernante Frente Sandinista en laAsamblea Nacional. Se necesitan de 56 votos para realizar la reforma total a la Constitución Política. El presidente Ortega contará con 60 leales diputados que votaran como él les ordene.

La débil y dividida oposición del país por mucho que desee ejercer presión política en la Asamblea Nacional no lo podrá hacer porque sólo contará la presencia de unos 30 diputados, quienes tendrán unas desolladas voces ante la nueva composición política de la nación. El FSLN a partir del 12 de enero de 2012 no necesitará negociar con ninguna otra fuerza política para cumplir con sus objetivos. Con holgados votos en el Congreso el FSLN podrá transformar a Nicaragua de una república a un reino si así lo deseare.

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