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Ausencia del Estado

Miércoles 23 noviembre, 2011


Haroldo Shetemul
Prensa Libre, Guatemala

UNA DE LAS TAREAS ineludibles del próximo presidente debería ser la recuperación de la gobernabilidad en el territorio nacional, perdida por la ausencia del Estado. Además de la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia común, la administración de Pérez Molina tendrá que desmontar los cuerpos paralelos de seguridad que funcionan al margen de la ley y cometen crímenes y abusos. Este fenómeno comenzó como la respuesta de grupos de ciudadanos por la falta de policías que protegieran a las comunidades de la delincuencia,pero debido a la falta de control se han convertido en contingentes parapoliciales y paramilitares que se han adueñado de territorios y de la vida de los vecinos.

EL CASO MÁS RECIENTE de este tipo de acciones criminales ocurrió la tarde del sábado último en la aldea Bosques de Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, a apenas 22 kilómetros de la sede del Ministerio de Gobernación. Un grupo de miembros del comité de vigilancia, encapuchados y fuertemente armados, allanó un salón de juegos y sacó por la fuerza a cuatro jóvenes, quienes fueron agredidos a puntapiés delante de varios vecinos. Los vigilantes dejaron heridos a tres jóvenes y se llevaron a Darwin Léster Gómez González, cuyo cadáver apareció en la madrugada siguiente. El cuerpo del adolescente de 17 años estaba atado de pies y manos, tenía tres impactos de escopeta y señales de haber sido ultrajado. Testigos relataron que varios policías habían intentado rescatar a Gómez cuando aún estaba vivo, pero los vigilantes amenazaron a los agentes y estos se retiraron. Se dice que Gómez era extorsionista, pero ¿quién le ha dado autoridad a esta junta para torturar y matar a un supuesto delincuente?

ESTA ESCENA se ha vuelto común en varias partes del país porque los justicieros se han multiplicado en la misma proporción que las fuerzas de seguridad del Estado han desaparecido o son nada más un adorno en las comunidades. No se puede descartar que detrás de estas estructuras paramilitares se estén reconstruyendo las antiguas patrullas civiles que operaron en el conflicto armado y que cometieron crímenes y abusos. Los comités actuales se dan el lujo de imponer sus propias leyes, dicen cómo debe comportarse la gente, a qué hora deben recogerse en sus hogares y si pueden o no efectuar actividades sociales. La población que dicen defender se ha convertido en prisionera y ellos son la ley.

EL RIESGO ES ENORME porque en el país existen más de mil 300 comités de seguridad, muchos de las cuales actúan sin la autorización oficial. Tanto Pérez Molina como el futuro ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, saben cómo funcionaban las patrullas civiles durante el conflicto armado y por lo mismo es posible que tengan más facilidad para desarticular estas estructuras y en su lugar logren que la PNC se convierta en la verdadera autoridad. Ojalá y la nueva administración no actúe como el actual gobierno que ha preferido ignorar el problema, el cual poco a poco ha corroído la gobernabilidad del país.

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