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Crónica de un fraude anunciado

Miércoles 09 noviembre, 2011


Carlos Tünnermann Bernheim
El Nuevo Diario, Nicaragua

El domingo recién pasado el pueblo nicaragüense demostró una gran fortaleza cívica acudiendo masivamente a las urnas electorales en todo el país.

Desafortunadamente, ese valor cívico no fue debidamente correspondido con una actuación transparente de parte de las autoridades electorales. El proceso del domingo pasado estuvo plagado de toda clase de irregularidades y anomalías, muchas de las cuales fueron recopiladas por los organismos de observación electoral nacionales e internacionales, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento por Nicaragua, que recibió centenares de denuncias de varios departamentos del país.

Este proceso electoral arrancó mal y terminó peor. De entrada, estuvo a cargo de magistrados de facto, con sus períodos constitucionales vencidos y prorrogados ilegalmente por el presidente-candidato del FSLN. Estos mismos magistrados ya habían demostrado su falta de transparencia en las elecciones municipales del año 2008, donde al menos en 40 municipios, incluyendo la capital, Managua, se dio un fraude escandaloso y bien documentado.

Además, en el proceso participó como candidato el actual presidente de la República, pese a la doble prohibición que le impone el artículo 147 de la Constitución Política. De esta manera, la candidatura de Ortega estuvo teñida, desde un comienzo, de ilegitimidad, algo que de ninguna manera subsanó una insólita sentencia de la Corte Suprema de Justicia, carente de toda validez por defectos de fondo y forma. Dicha ilegitimidad de origen tampoco es subsanable por el hecho de que se le atribuyan altos porcentajes en las cuestionadas votaciones del domingo pasado, ya que de acuerdo con el artículo 182 de nuestra Constitución carece de valor todo aquello que se oponga o altere las disposiciones constitucionales.

La irregularidad más notable que se dio en el reciente proceso fue la falta de acreditación y la expulsión de los fiscales de la Alianza PLI, de los cuales 20% no recibió en tiempo sus credenciales correctas y un 10% fue expulsado de las Juntas Receptoras de Votos. En las circunstancias en que se dieron estas elecciones, sin la acreditación de los organismos nacionales de observación electoral más reconocidos y con una integración de los Consejos Departamentales y Municipales y de las Juntas Receptoras de Votos con un evidente predominio del partido de gobierno, los fiscales representaban la única garantía que los partidos de oposición tenían en la estructura electoral que funcionó el domingo pasado. Por lo tanto, si un buen porcentaje de estos fiscales, principalmente de la Alianza PLI, no pudieron ejercer sus funciones, esto le resta credibilidad al recuento de votos que ha hecho el Consejo Supremo Electoral. Los resultados dados a conocer, que favorecen al FSLN en un porcentaje equivalente al total que obtuvieron en las elecciones nacionales del 2006 la ALN y el PLC juntos, es algo muy difícil de creer.

No es así extraño que en pleno proceso electoral, el Jefe de la Misión de Observadores de la Unión Europea, haya hablado de falta de transparencias y haya manifestado su extrañeza por “tantas trampas, tantas trabas, tanta opacidad, en un proceso que debió ser transparente”.

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