Cuando las tensiones se agudizan

 

Nunca me hice ilusiones sobre la posibilidad de matrimonio entre un gobierno surgido de un partido de izquierda y el sector empresarial. Siempre mantuve –y todavía mantengo– un optimismo cauteloso de que el gobierno (en la figura del presidente de la república) y la empresa privada pueden cohabitar. Esto, siempre y cuando ambos actúen con pragmatismo, prudencia y una fuerte dosis de tolerancia.

 

Lo que se percibe es una especie de lucha sin cuartel, donde cada uno se mantiene atrincherado en su propio reducto, enfrentándose por cosas que, para el grueso de la población, no se hacen cargo de sus necesidades. Entrar en un debate irreconciliable por una declaración patrimonial o un incremento salarial, cuando el país tiene ante sí enormes desafíos como la precaria situación económica, el narcotráfico, el lavado de dinero y la delincuencia común.

 

Empero, sería un despropósito aseverar que después de año y medio de gobierno, esas relaciones son sinónimo de caos. Y esto, porque ni el presidente Funes ha dado muestras de pretender destruir el sistema, ni la empresa privada le ha entorpecido su gestión, aunque aquella a veces confunda principios con intereses sectoriales y este cuestione su verdadero compromiso con el desarrollo nacional. 

 

Por el momento, lo único claro es que la crisis económica no da muestras de ceder, desvaneciendo con ello las expectativas de mejorar el ingreso familiar, el acceso a un empleo decente, la ilusión de una vivienda digna y la tranquilidad de que la familia puede irse a la cama con un mínimo de seguridad. Lo que también resulta frustrante es que el país no avanza como sería deseable en el plano institucional, lo que termina por estimular el desencuentro entre la empresa privada y el gobierno.