Del capitalismo popular
Thursday 30 September, 2010
Miguel A. Boloboski Ferreira
Panamá América, Panamá
La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso; la virtud, en llevarlo a cabo (David Starr Jordan). Si bien la aprobación en tercer debate de la Ley que crea la Autoridad de Aseo constituye el primer paso serio en la búsqueda de una solución ingeniosa, sensata e inteligente al embarazoso problema de la basura; hace falta algo más para que alcance el grado de sabiduría.
Estadísticamente en los países con mayor desarrollo económico, el promedio de basura que cada individuo arroja por día, es de más o menos dos kilos; (en aumento). Esto significa que la basura ciudadana generada en Panamá es de aproximadamente 3.3 millones de toneladas por año, no incluyendo los desechos de fábricas, hospitales, etc.
Previo a determinar cuál es el “siguiente paso” consideremos que Sabiduría, palabra clave, es la cualidad que se desarrolla con la implementación del intelecto y la experiencia acumulada, obteniendo así conclusiones que permiten una mejor comprensión de las cosas; capacitándonos para reflexionar y discernir; vale decir, una forma especialmente bien desarrollada del sentido común, o alternativamente para quienes se inclinan por la rigurosidad, el uso del método científico o camino hacia el conocimiento.
Dado lo desastroso de nuestra experiencia en el manejo de la basura (acumulada por décadas), el intelecto ciudadano debiera concluir luego de una profunda reflexión y discernimiento entre lo bueno y lo malo, que el siguiente paso no debe ser otro que la Privatización parcial. Una empresa mixta constituiría una sabia decisión, que el sentido común y el método científico efectivamente pueden corroborar.
Convertir el tema de la basura en un asunto de Estado requiere que la ciudadanía se involucre. Esto se logra motivándola; y que mejor motivación que haciéndolos socios de una gran empresa que cotice en la bolsa de valores. En septiembre del 2007, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) inició un interesante proceso de privatización popular parcial, en dónde el Estado cuenta actualmente con el 89.9% de las acciones y el restante 10.1% está repartido en más de 480.000 accionistas.