Martes 10 diciembre 2019

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Democracia y progreso económico

Viernes 10 diciembre, 2010


Luis Enrique Pérez
La Hora, Guatemala
 
En particular, la democracia no implica elegir ciudadanos que, precisamente por su aptitud para ejercer el poder público, fomentarán el progreso económico del Estado. No lo implica porque, en el desempeño de esas funciones, los ciudadanos electos, aunque animados por sublimes intenciones, pueden impedir que actúen las causas que provocan el progreso económico, y propiciar la actuación de las causas que provocan el regreso económico.
 
Un Estado democrático puede ser pobre, y hasta pobrísimo, y que un Estado no democrático (por ejemplo, un Estado monárquico) puede ser rico, y hasta riquísimo. Dedúcese también que no hay relación alguna de causa y efecto entre democracia y pobreza, o democracia y riqueza. Y es tan insensato esperar que más democracia (si fuese posible cuantificarla) provoque más progreso económico, como insensato es esperar que más progreso económico provoque más democracia. 
 
Y aquella democracia que degenera en el despotismo de la mayoría, y declara que el derecho es lo que conviene a esa mayoría, y aniquila, entonces, la esencia misma del derecho, obstaculiza y hasta imposibilita el progreso económico. Puede haber relación de causa y efecto entre progreso económico y, por ejemplo, libertad de producir, intercambiar y consumir; derecho de propiedad privada, certidumbre jurídica, y seguridad pública (o certeza de conservar la vida y los bienes); pero jamás relación entre progreso económico y democracia. 
 
Es verosímil y explicable que así sea, porque si no hay libertad de producir, intercambiar y consumir; ni derecho de propiedad privada, ni certidumbre jurídica, ni seguridad pública, no habrá progreso económico, aunque haya democracia. No importa que sea una democracia tan perfecta, que el pueblo elija también a los conserjes de las oficinas públicas, o a los ministros de Estado y a sus secretarias.
 
Es posible, empero, conservar el beneficio de la democracia y, a la vez, reducir el riesgo de ineptos gobernantes dificulten y hasta imposibiliten el progreso económico del Estado. ¿Cómo? Debe ser instituido un procedimiento que le permita a los ciudadanos destituir a los funcionarios públicos democráticamente electos, en el momento mismo en que provocan la ruina económica del Estado, o amenazan con provocarla, o suministran inquietantes indicios de que preparan una catastrófica ruina económica del Estado.