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Deuda pública

Lunes 20 septiembre, 2010


Mario Fuentes Destarac
El Periódico, Guatemala
 
La deuda pública es el conjunto de obligaciones financieras contraídas por el Estado a través de sus organismos, entidades, empresas o municipalidades, en el mercado crediticio nacional (pagadera en moneda local) o extranjero (pagadera en divisas internacionales), amortizables a corto, mediano o largo plazo, y a tasas de interés fijas o variables, según lo pactado con los respectivos acreedores.
 
Se recurre al endeudamiento público cuando los ingresos fiscales (ordinarios o extraordinarios) resultan insuficientes para cubrir el gasto público corriente (burocrático), para financiar los proyectos de inversión pública (educación, salud, infraestructura, seguridad, justicia) o, en su caso, para activar programas de reconstrucción en caso de calamidades. En el caso del gasto corriente, se acepta el endeudamiento público para apalancar desfinanciamientos temporales de flujo de caja, pero no para cubrir presupuestos desfinanciados de antemano o ampliaciones presupuestarias sin fuentes de recursos. El financiamiento de presupuestos de inversión pública solamente se justifica si la rentabilidad es determinada o determinable, y si se garantiza la calidad del gasto.
 
En Guatemala, el Estado no puede pedir al banco central que le preste dinero a través de la emisión monetaria inorgánica, porque lo prohíbe la Constitución, salvo en caso de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando lo autorice el Congreso con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados. Cabe señalar que la deuda pública ha venido aumentando significativamente, tanto así que en los últimos 2 años y medio el endeudamiento interno (sin incluir la de las municipalidades) creció un 40 por ciento y el externo un 28.3 por ciento, al punto que ya representa el 25 por ciento del PIB. Dado que se anticipa un nuevo presupuesto estatal desfinanciado para el año 2011, la deuda pública podría aumentar bastante más en lo que resta del actual período gubernamental, lo que se traducirá en una mayor presión fiscal.
 
Por supuesto, el desorden en las finanzas públicas, agravado por las ilimitadas transferencias de partidas presupuestarias, el caos en la contratación estatal y la ausencia de control financiero, impiden que se fiscalice eficazmente el gasto y que haya transparencia y rendición de cuentas.
 
Como podrá advertirse, no puede postergarse la discusión de temas como la incorporación en la Constitución del principio de equilibrio presupuestario, que implica disciplina fiscal; así como la revisión de la integración de la Junta Monetaria (con mayoría gubernamental), que da el visto bueno obligado a los préstamos estatales, a fin de asegurarle una verdadera independencia funcional; el fortalecimiento institucional de la Contraloría de Cuentas y el reordenamiento jurídico, contractual, administrativo y financiero del sector público.