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Diálogo y desarrollo económico

Viernes 20 agosto, 2010


Dalila Mosquera
La Estrella, Panamá
 
Hace poco participé de una serie de actividades que organizara la Asociación Bancaria de Panamá, en celebración de sus 40 años de existir como Centro Bancario Internacional. Durante el desarrollo de estas conferencias pude comprender que el grado de inversión otorgado a Panamá por dos calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s, y Fitch & Ibca, se debió, entre otras estrategias, al buen desempeño de la banca panameña, la utilización del dólar estadounidense como moneda, la buena administración del Canal —por donde pasa cerca de un 4% del comercio internacional— y a las recientes reformas al sistema fiscal y a los recortes presupuestarios hechos por el gobierno central.
 
Por otro lado, según informes de la CEPAL, en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009—2010, Panamá crecerá un 6%; afirman además, que Panamá es el único país de Centroamérica que logrará un crecimiento superior al 3%, el cual es muy bueno para la Región. El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2011, aprobado por el Consejo de Gabinete en $13.009 millones, tiene un reto y desafío a vencer, que es la capacidad de ejecución, sobre todo en el área de inversión.
 
Este gobierno ha contemplado alrededor casi del 50% del total del presupuesto para inversión. Esto significa que hay dos tareas a cumplir, la primera es la capacidad de ejecución del presupuesto asignado a las diferentes instituciones del Estado. Segundo, la capacidad de ejecución debe estar acompañado de políticas públicas que permitan el logro de los objetivos de redistribución del ingreso, favoreciendo a los sectores más vulnerables o más pobres del país; pues, para los especialistas en economía en nuestro país, más de tres millones de panameños apenas reciben el 20% de las riquezas que genera el nación; mientras que los grupos de familias privilegiados, que suman no más de 300000, reciben el 80% de estas riquezas.
 
El desafío del presidente Ricardo Martinelli es lograr transferir o permeabilizar un 20% más a los sectores pobres (llegar por lo menos a un 40%), para así disminuir la inequidad y mejorar su calidad de vida. Esta tarea no es fácil, las medidas como las reformas tributarias, reformas a las leyes laborales, rescates de las lesiones patrimoniales al Estado, generan resistencia a estos cambios; porque afectan viejos privilegios, porque los grupos beneficiados no quieren abandonar el área de confort, que por mucho tiempo han mantenido.
 
Por ello, el esfuerzo por el cambio en este gobierno está siendo renovado permanentemente, corregido de manera sistemática; cualquier error en este proceso se enmienda, sin perder la visión de futuro del cambio iniciado. Debido a esto, el diálogo, como mecanismo de solución de conflictos utilizado por las nuevas democracias en el mundo, nos debe llevar a un consenso alrededor de los interés de las mayorías, debe ser un compromiso y responsabilidad de todos los sectores: Partidos políticos, asociaciones gremiales y sindicales.