Disidencia del contrato social salvadoreño

 

Está por entrar en vigor la denominada "Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal", una herramienta que reforzará las medidas de la política de seguridad, de la cual todos los salvadoreños esperamos buenos resultados.

 

Como he sostenido, este es un tema complejo y de suma importancia como para abordarlo de manera ideologizada o politizada. Si se quiere sinceramente aportar, debe abordarse el tema con responsabilidad, buscando unir esfuerzos en torno a fortalecer una política de nación. En ese marco, es necesario hacer una reflexión para aportar a la comprensión del fenómeno de las maras en su actuar delincuencial.

 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), con su tratado titulado El Contrato Social (1762), aportó una de las teorías básicas del derecho y el Estado. El postulado de Rousseau, que da nombre a esta teoría, emplea el lenguaje jurídico propio de las relaciones privadas entre los hombres, para comprender las bases de la convivencia de una sociedad moderna. Este pensador discurre acerca del vínculo que existe entre el Estado y los ciudadanos.

 

Como país, nos insertamos al concierto de naciones como Estado de Derecho y Democrático, en el cual los ciudadanos ciframos esperanzas de superar los problemas y limitantes para el desarrollo de nuestro pueblo. Nuestro contrato social se expresa en la Constitución, que consagra los derechos fundamentales de la persona humana.

 

La Constitución consagra en su Artículo 1, el objetivo fundamental que debe guiar al Estado salvadoreño, su responsabilidad para con el pueblo: "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social".