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El “error” de la OEA en Nicaragua

Viernes 11 noviembre, 2011


Andrés Oppenheimer
La Prensa, Honduras

Lo más asombroso de las elecciones del 6 de noviembre en Nicaragua no fue que el presidente Daniel Ortega fuera reelecto después de un proceso electoral muy cuestionable, sino que su victoria pareció ser bendecida entusiasmadamente por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.

El lunes, después de que Ortega fuera proclamado ganador con casi el 63% de los votos, Insulza fue citado en una declaración de misión de observación electoral de la OEA en Nicaragua diciendo que “en Nicaragua ayer avanzó la democracia y la paz”.

¿De veras?, le pregunté a Insulza en una entrevista telefónica después de leer la declaración. ¿Honestamente piensa eso?

Para empezar, la mayoría de los observadores independientes coinciden en que la reelección de Ortega es inconstitucional.

El artículo 147 de la Constitución nicaragüense prohíbe específicamente que los presidentes en ejercicio sean candidatos a la reelección. Además, la Constitución prohíbe a un presidente que ha ocupado el cargo durante dos períodos pueda ejercer un tercero, algo que también le hubiera impedido a Ortega presentar su candidatura, ya que ha ejercido la presidencia en dos oportunidades.

Pero, en una maniobra casi surrealista, tras no ganar suficientes votos en la Asamblea Nacional para cambiar la Constitución, Ortega aprovechó una Corte Suprema sólidamente oficialista para conseguir un fallo que declaraba que la prohibición constitucional era inconstitucional.

Desde entonces, ha adoptado una serie de medidas que han vuelto todo el proceso “ilegal y anticonstitucional”, según Carlos Fernando Chamorro, el conocido periodista ex sandinista que dirige el periódico digital independiente Confidencial.

Entre otras irregularidades, el comicio fue supervisado por un Consejo Supremo Electoral pro gubernamental cuyo período de ejercicio había expirado, y que previamente había presidido las fraudulentas elecciones municipales de 2008, escribió Chamorro.

También varias instituciones independientes de monitoreo electoral, tales como Ipade, y Ética y Transparencia, habían comprobado “interferencias” gubernamentales en la emisión de credenciales de votación, lo que impidió que miles de personas pudieran votar. Y hubo “flagrantes violaciones” de las leyes que prohíben el uso de fondos gubernamentales para la campaña electoral, añadió Chamorro. Cuando le pregunté por la declaración de la OEA que lo citaba diciendo que la democracia había dado un paso adelante, Insulza me dijo: “Eso fue un error”.

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