El examen que la CSJ no ha querido hacer

Joaquín Samayoa
La Prensa Gráfica, El Salvador

El tema del día en la edición del domingo recién pasado de LA PRENSA GRÁFICA fue el examen que la Corte Suprema de Justicia debe realizar a efecto de acreditar a los abogados de la república para el ejercicio de la función notarial. Al parecer, la CSJ ha estado muy ocupada en tareas que considera mucho más importantes como para dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para administrar dicho examen o, en su defecto, optar por una modalidad de evaluación diferente.

Según la referida nota periodística, 14,673 abogados se encuentran en espera de una oportunidad para examinarse. Han transcurrido casi 5 años desde que se realizó el examen por última vez, tiempo más que suficiente para que el defectuoso examen que atinadamente fue abolido en 2007 fuera sustituido por otro o por un programa de refuerzo académico que incluya varias actividades de evaluación.

Sin embargo, la Corte no se ha visto presionada para cumplir con esa responsabilidad. Por una parte, en el imaginario colectivo de nuestra sociedad los abogados no gozan de mucho prestigio y es más fácil encontrar quien invente o cuente un chiste de abogados que encontrar alguien dispuesto a reconocer los derechos de los graduados en esa profesión. Por otra parte, hay tal abundancia de oferta de servicios notariales, que solo los directamente afectados resienten la negligencia del supremo tribunal de justicia.

Los que consideran beneficioso para el país bloquear la posibilidad de que los nuevos abogados se acrediten como notarios parecen olvidar que afortunadamente no vivimos bajo un régimen totalitario en el que el Estado planifica y abre o cierra la oferta de servicios profesionales. No es prerrogativa del Estado restringir arbitrariamente las libertades de práctica profesional en ningún campo, sino verificar, en los casos en los que se lo exige la ley, que los profesionales cuentan con suficientes conocimientos y competencias para prestar un buen servicio a sus clientes.

Si hay algún fundamento en la percepción de que la mayoría de abogados son deshonestos e incompetentes, la solución no es favorecer a los responsables de esa mala reputación, sino todo lo contrario, permitir a los nuevos profesionales que satisfacen criterios de idoneidad entrar al mercado laboral y presionar de esa forma a los más antiguos a superarse para mantenerse competitivos. Igual que en el caso de médicos, psicólogos, ingenieros, contadores y otras muchas profesiones cuyo ejercicio no requiere certificación del Estado en nuestro país, la calidad profesional en el gremio de abogados debe lograrse como resultado de sana competencia.

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