El gobierno empresarial y las reformas

Marco A. Gandásegui
La Estrella, Panamá

Miembros del gabinete del presidente Ricardo Martinelli insisten que trabajan para un gobierno empresarial. El mandatario lo planteó antes de llegar al solio presidencial en 2009 y también en varios escenarios internacionales y podios nacionales después de ser ungido en su actual puesto. 

Recientemente, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, señaló que su lealtad hacia el presidente de la República pasaba por su compromiso de estar trabajando para un gobierno empresarial. La misma ministra fue la que anunció, a fines del año pasado, la intención del Ejecutivo de proponer reformas a la Constitución Política.

Las reformas obviamente tienen un tinte empresarial. Según el gobierno, las reformas quieren acortar a cinco años el período de espera para la reelección del presidente. También se quieren modificar algunos artículos relacionados con el sistema judicial y ciertos aspectos fiscales. 

Para adornar la propuesta el Ejecutivo ha introducido dos iniciativas muy originales. Por un lado, incorporar a la Constitución el programa que beneficia con un pago de 100 dólares a las personas con 70 años de edad o más que no cuentan con beneficio social alguno (‘los cien para los 70’). Por el otro, elevar a la categoría constitucional el programa denominado ‘beca universal’, que consiste en darles a los padres de estudiantes con índice de 3 un emolumento mensual de 20 dólares.

La propuesta ha creado un ambiente adverso en la población panameña, especialmente entre los sectores que sospechan que la intención verdadera del presidente Martinelli es aprobar una reforma que le permita aspirar a la reelección inmediata. La Asamblea de Diputados tendrá que debatir la propuesta de reforma en el período legislativo recién inaugurado. Si es aprobada por ese poder del Estado, la reforma tendría que ser llevada a un referéndum donde el pueblo votaría a favor o en contra.

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