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El Idaan como la ACP

Jueves 24 noviembre, 2011


Álvaro Moreno Constantino
Prensa.com, Panamá

Con la crisis del agua potable en pleno apogeo una vez más, resurge el clamor de convertir el Idaan en una entidad del Estado con verdadera autonomía y recursos para funcionar eficientemente. Sin duda, un clamor sincero cuando proviene de los miles de ciudadanos que, a diario y particularmente en los últimos días, sufren las consecuencias de la escasez de agua en sus hogares. Sin embargo, cuando el mismo clamor viene de un político, de gobierno u oposición, no puedo evitar preguntarme si es parte de un discurso hueco o si realmente estarán dispuestos a vivir con lo que significaría convertir al Idaan en una ACP.

Lo primero sería proveer a la nueva institución de una junta directiva con periodos que sobrepasen la vigencia de los gobiernos, de esta manera ningún gobernante de turno podría nombrar a la mayoría de sus miembros, con lo cual se reduce la posibilidad de controlar a la junta directiva desde el Palacio de las Garzas. Lo mismo debería suceder con el nombramiento del administrador y subadministrador. El resto de los directivos deberían llegar a ocupar esos puestos por concurso.

Tal medida sería, sin duda, un trago amargo para los políticos de siempre, pero insignificante comparado con la pérdida del “botín político” que constituyen los nombramientos de copartidarios, familiares y amigos. En el nuevo Idaan no habría cabida para nombramientos por nepotismo, amiguismo o afiliación política. Un verdadero sistema de méritos sería la única manera de ingresar a las filas de la institución. Y no me refiero a la Carrera Administrativa, desvirtuada en los últimos meses de la administración Torrijos y los primeros de la administración Martinelli.

Si se quiere una institución profesionalizada y que brinde un servicio de calidad a la población, hay que dotarla de los recursos necesarios. El Idaan requeriría de total independencia financiera para que no se convierta en la caja menuda del gobierno central y control posterior de la Contraloría, como garantía del buen uso de los fondos.

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