El pueblo rechaza la ley privatizadora

Marco A. Gandásegui, Hijo
La Estrella, Panamá

La Asamblea Ciudadana se sumó a la protesta nacional contra los desmanes del gobierno al querer, entre otras cosas, aprobar un proyecto de ley que privatizaría el sector público panameño. La iniciativa de la Asamblea Ciudadana considera que ‘el paro ejemplar de la Coordinadora Médica Nacional (COMENENAL) y de los profesionales y técnicos de la salud, apoyado por sectores de los educadores, estudiantes y sindicatos, que se opone al proyecto de ley de Asociación Público-Privada (APP), se ha granjeado la simpatía de amplios sectores de la población... Han podido constatar que el proyecto de Ley no sólo afecta a los sectores de salud y de educación, sino que afectará, si es aprobada, a la totalidad del pueblo panameño’.

El proyecto de ley faculta a los gobernantes para distribuir entre sus allegados todos los negocios públicos que se consideren rentables. Además, la ley plantea que la concesión pública entraría a formar parte del régimen de propiedad privada. Un ejemplo sería si una persona natural o jurídica recibe la concesión para cobrar peaje en una calle de la ciudad de Panamá por un plazo de 20 años, tendría todo el derecho a extender automáticamente la concesión por otro período igual en forma permanente. Si la persona se retira del negocio, el gobierno está obligado a entregar el privilegio a otro interesado.

Hay quienes plantean que este proyecto de Ley también puede justificar la concesión a empresas privadas de la recolección de tributos e impuestos a escala nacional. La empresa puede ser panameña o extranjera. En la actualidad, los consulados marítimos panameños en el exterior les dan a los allegados de los políticos en el poder, la autoridad para cobrar los servicios que les presta el Estado.

La Asamblea Ciudadana denuncia que ‘mediante contratos que pueden llegar a ser de 50 años de duración, el gobierno podría privatizar escuelas, hospitales, diversos servicios de salud, el IDAAN, la segunda línea del Metro, el nuevo puente sobre el Canal y cualquier otra obra o servicio’. El negocio ‘sólo depende de lo que proponga la empresa privada, con el consiguiente pago de los ciudadanos por servicios que hasta ahora han sido gratuitos... Dejarían de ser ‘servicios públicos’ para convertirse en negocios privados’.

La Asamblea Ciudadana también alerta sobre el denominado ‘Fondo Soberano’ que se pretende establecer utilizando los ingresos del Canal de Panamá. Según el comunicado, el presidente Ricardo Martinelli, ‘ha declarado que el ‘Fondo’ serviría para afrontar las deudas contraídas por los proyectos APP... los ingresos del Canal dejarían de beneficiar al pueblo panameño e irían directamente al ‘pro mundi beneficio’ de las trasnacionales’.

En la reunión que se celebró la semana pasada entre el presidente Martinelli y los gremios médicos, el inquilino del Palacio de las Garzas enumeró los proyectos que se ajustan al modelo de la APP. Según una fuente presente en la reunión, Martinelli destacó la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la ciudad gubernamental, otro tramo del Metro y la ampliación de la red de agua potable. La APP también serviría ‘para la compra de equipo médico y medicamentos. (Es decir, desconoce lo que propone la Ley)’.

Los médicos reaccionaron y le recordaron después al presidente del ejemplo argentino, donde la APP fue un fracaso en la ampliación de la red de alcantarillados. Igual suerte corren los panameños con el ejemplo de los corredores, la falta de reglas y la corrupción.

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