Lunes 14 octubre 2019

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El sueño y la pesadilla

Jueves 13 octubre, 2011


Sergio Muñoz Bata
La Prensa Gráfica, El Salvador

Con la aprobación final del Dream Act en el estado de California, los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres sin la debida visa migratoria y que han cumplido ciertos requisitos de excelencia académica, a partir de 2013 podrán acceder a las universidades estatales pagando colegiaturas justas, y también solicitar ayuda financiera estatal para continuar sus estudios universitarios.

El triunfo de la razón en California se debe al empeño y la diligencia del asambleísta Gil Cedillo, y a la visión y valentía del gobernador de California, Jerry Brown. Pero sobre todo a Cedillo, quien por años tuvo la entereza para aguantar los embates de los nativistas republicanos que en nombre de la moral les niegan a los jóvenes el derecho a recibir una educación adecuada independientemente de su estado migratorio.

La ley que recién firmó Brown complementa el sentido del Dream Act. La primera ley, firmada con anterioridad, les permitirá acceder a las universidades estatales pagando la colegiatura vigente para los residentes del estado en vez de la que se aplica a los extranjeros; la segunda, firmada el viernes, les permite solicitar préstamos o becas, bajo el entendido de que los residentes legales siempre tendrán prioridad. Además de California, hay una docena de estados que ya han aprobado leyes que mitigan económicamente la precaria situación de estos jóvenes que quieren integrarse plenamente a la sociedad, y otros donde el debate sigue pendiente.

Desafortunadamente, los jóvenes que viven en Alabama y se encuentran en la misma situación migratoria que los de California, hoy enfrentan una disyuntiva angustiosa: presentarse en la escuela para continuar sus estudios sabiendo que podrían ser arrestados o emigrar con sus familias a otro estado en el que se requiera el trabajo de los padres y en donde las autoridades entiendan que no fue por un acto de voluntad que estos menores de edad llegaron a este país.

La ley de Alabama establece severos castigos a quienes emplean, albergan o asisten a los indocumentados, y exige que la policía y las autoridades escolares verifiquen el estatus legal de cualquier persona de quien “sospechan” podría estar ilegalmente en el país. También hay leyes semejantes en Arizona, Georgia y Colorado aunque la de Alabama es mucho más severa. Peor aún, esta es la única que hasta ahora ha superado la contraofensiva legal del gobierno federal y de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. El viernes, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones la suspensión de la ley argumentando que las leyes migratorias solo le competen al gobierno federal.

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