Empresarios con dudas sobre seguridad informática en Costa Rica

Los empresarios de Costa Rica insistieron ante el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en que se cuide la seguridad de la información de las compañías al incorporar el registro de accionistas, tras la aprobación de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

Todas las cámaras empresariales solicitaron que se tomen medidas por parte del Banco Central y el Instituto Costarricense sobre Drogas, así como certificaciones de protección de datos, de manera que se respete la seguridad de la información de las compañías ya que consideran “que la legislación aprobada es ambigua”.

El proceso no se hará de la noche a la mañana. La ley que fue publicada el pasado 20 de diciembre establece que el Ministerio de Hacienda tiene plazo hasta enero de 2019 para implementar el registro de accionistas, uno de los temas más discutidos y controversiales durante la aprobación de la ley.

Este registro de accionistas consiste en una base de datos que se coordinará entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central; pero que administrará este último, para la cual las empresas deberán proporcionar la lista de accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva.

Se constituyó una comisión para analizar estos cambios y redactar los reglamentos, así lo confirmaron Eduardo Prado, gerente del Banco Central, y Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.

Los primeros borradores de la ley se pondrán en consulta sectorial la primera semana de febrero, según confirmó el director general de Tributación, Carlos Vargas.

La reforma legislativa trae consigo una serie de obligaciones formales; por ejemplo, que la administración tributaria tendrá acceso a toda la información que se encuentra en la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Tambiénstablece la obligación de que los contribuyentes cuenten con medios electrónicos para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de estas, incluyendo, claramente, la factura electrónica, según confirmó Adrián Torrrealba, abogado tributario.

Además, las personas jurídicas deberán proporcionar al Banco Central el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva.