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En busca de la gobernabilidad perdida

Miércoles 07 diciembre, 2011


Ricardo Rosales Román
La Hora, Guatemala

Debo decir que luego de que leí dos notas informativas de portada de uno de los matutinos del domingo 4, en las que se aborda la cuestión de la gobernabilidad, decidí posponer la publicación del artículo que dedicaré a importantes fechas de lo acontecido en Cuba en diciembre de 1956. Lo dejo para ser publicado la última semana del año, en vísperas de un aniversario más del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.

En la primera de las notas de portada, se dan a conocer las opiniones de dos analistas y una empresaria en torno a la gobernabilidad. El primero de los consulados considera que “uno de los factores determinantes para garantizar la gobernabilidad, es la capacidad de consolidar mayorías que tengan objetivos comunes”. El segundo, asegura que “hay desórdenes administrativos y de prioridad que dificultan la gobernabilidad”.

Quien escribe la nota apunta que “la gobernabilidad en el país se ha convertido en una especie de laberinto cuyas salidas se hacen difíciles de hallar (sic)”. A quienes se les pidió opinión, coinciden en que la ingobernabilidad también se asocia a la violación de leyes… y que son los actores políticos y las autoridades quienes dan buen o mal ejemplo.

“Las soluciones a esta problemática, se agrega en la nota, se complica, debido (sic) a la poca presencia del Estado en varias zonas, o las difíciles negociaciones entre los partidos en el Congreso de la República y a prácticas ilegales, como los linchamientos, como una alternativa ilícita de justicia”.

Ambos analistas coinciden en que lo que el próximo gobierno debe hacer para asegurar la gobernabilidad, es “impulsar acciones inmediatas… desde proponer el diálogo para evitar bloqueos hasta garantizar la presencia de fuerzas de seguridad en puntos fronterizos y pasos ciegos, así como atajar la criminalidad”.

Por supuesto que no podría faltar la opinión de quien plantea que “el Gobierno debe restituir la institucionalidad al país, para generar perspectivas que favorezcan las inversiones y la certeza jurídica”.

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