Equilibrar obligaciones y beneficios en las inversiones
Thursday 22 September, 2011
Magela Cabrera Arias
Prensa.com, Panamá
Comparto algunas reflexiones con el propósito de contribuir a impulsar el debate sobre políticas de suelo y de tributación y motivada por informaciones publicadas en los diarios. La primera referida al posible aumento de límite de aplicación (hasta $100 mil) de los intereses preferenciales, establecido en $80 mil.
La segunda se refiere a la licitación pública impulsada por la Alcaldía de Panamá para la remodelación del Parque Urracá, que logró convocar a un solo proponente cuya propuesta fue de 4 millones 975 mil dólares.
El cambio de los intereses preferenciales beneficia, fundamentalmente, a los empresarios constructores, y a otros sectores. De aplicarse debería ir acompañado de la observancia de la Ley 6 de ordenamiento territorial, cuyo cumplimiento debe ser asegurado por el Miviot y los municipios. El Art. 3 establece: “La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garantía de la propiedad privada”.
A pesar de que la Ley 6 está vigente desde 2006, el crecimiento de la ciudad de Panamá continúa con base en los intereses de inmobiliarias, inversores privados y constructores, en vez de ser el resultado de planes de ordenamiento. El desbalance entre infraestructura y densidad se muestra en Bella Vista, Obarrio (Ave Samuel Lewis y Calle 53), en parte de San Francisco y Bethania y en Punta Paitilla y Punta Pacífica. Además, están vigentes, entre otros instrumentos legales, el Plan Metropolitano y la Ley 21 de Áreas Revertidas, todos con objetivos que pretenden orientar el crecimiento de la ciudad, asegurando el uso de la tierra según sus capacidades y garantizando calidad de vida para los ciudadanos.