Equilibrios entre el Estado y el mercado

Rafael Carles
La Estrella, Panamá

Desde hace varios años se ha estado realizando una serie de cambios estructurales que son vistos por algunos como reformas del Estado. Si bien muchas de estas reformas no solo son importantes, sino que también eran ineludibles, no creemos que tengan que ser vistas como una verdadera reforma del Estado, sino como una ampliación del papel del mercado. Tal es el caso de las leyes creadas a finales de los años 90, con la intención de promover la competencia, privatizar las empresas públicas e incentivar las fuerzas del mercado, como mecanismo para asignar recursos en toda la gama de actividades en el país.

En este sentido, se entiende que una reforma exitosa del Estado es aquella que logra un adecuado equilibrio institucional entre el Estado y el mercado. Sin ese equilibrio, la ampliación del papel del mercado seguramente no dará los frutos esperados por todos; es decir, no podrá alcanzarse un desarrollo sostenido ni en el plano económico ni en el social.Tanto es así que el Banco Mundial dedicó su último informe anual para recordarle a los distintos gobiernos que han hecho cambios, pero se han olvidado de los objetivos. Por esa razón es que vemos en muchas áreas del acontecer nacional un profundo desequilibrio entre el funcionamiento del mercado y el del Estado.

La impactante concentración económica no solo es consecuencia del proceso de globalización y de reformas estructurales inconclusas, sino que en gran parte es resultado de un Estado ausente y cómplice por las pérdidas al bienestar de los consumidores, cada vez que asume posturas monopolísticas cuando patrocina y permite las posturas y fijaciones de precios y mercados. Del mismo modo, al Estado le ha faltado iniciativas para la puesta en marcha de políticas activas en materia de desarrollo productivo, que no solo requieren capacidad y voluntad para su diseño, sino también, como muestra la experiencia internacional, de una sólida capacidad institucional que permita implementarlas.

Quizás una de las áreas donde más se ha notado la ausencia de esta capacidad institucional es el de las pequeñas y medianas empresas. Sin duda, un desarrollo económico sustentable requiere de adecuadas instituciones públicas de manera que aseguren previsibilidad y planeamiento conveniente al sector privado, al tiempo que eviten las desigualdades producidas por actos de corrupción y por medidas estatales arbitrarias. Nuevamente la experiencia en este terreno es deficitaria. La falta de una oportuna atención a los sectores más desprotegidos, más allá de su dimensión ética, se torna incompatible con la marcha de la política económica.

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