Estancamiento global

 

La recesión originada en Estados Unidos a finales del 2007 -con sus devastadoras secuelas de quiebras financieras, desempleo y crisis inmobiliaria- está lejos de haber llegado a su fin. Por el contrario, las más recientes cifras divulgadas por el Departamento de Comercio dan cuenta que el déficit comercial aumentó en junio a su nivel más alto en 20 meses, en tanto las importaciones aumentaron en 3%, y el pronóstico inicial de crecimiento económico del 3.7% ha sido disminuido al 2%, pudiendo descender la tasa anual al 1%.

 

El Banco de Inglaterra ha rebajado su pronóstico de la economía británica en tanto en China se anuncia que su crecimiento económico se ha enfriado. Todo esto revela que esta prolongada crisis se extenderá por mucho tiempo más, impactando a todos los países del mundo, incluyendo a Honduras. Nuestro país no podía ser la excepción; así, su impacto es notorio: semiparalización de la industria de la construcción, alto desempleo, contracción en la cartera de préstamos de la banca privada ante el clima de inseguridad prevaleciente en las zonas urbanas y rurales, una modesta recaudación de impuestos municipales y nacionales, la disminución en el monto de remesas enviadas por nuestros compatriotas residentes en el exterior.

 

Urge, pues, llegar a un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita controlar el gasto corriente -particularmente la masa salarial originado en los desembolsos incluidos en los estatutos gremiales-, ya que representa un porcentaje cada vez más elevado del total de ingresos estatales; sanear y rehabilitar las finanzas de los entes autónomos y los fondos de pensiones; mejorar la recaudación tributaria, reduciendo al mínimo la evasión fiscal y eliminando las múltiples dispensas y franquicias otorgadas a personas e instituciones.

 

Dentro de ese complejo panorama la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley del Régimen Regulador de las Asociaciones Público Privadas constituye un significativo avance a efecto de forjar alianzas estratégicas entre el Estado y la empresa privada en megaproyectos que implican costosas inversiones que no pueden ser costeadas de manera unilateral, en múltiples proyectos que demandan una acción conjunta y complementaria entre ambos sectores.