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Este sábado catorce

Jueves 10 noviembre, 2011


Wilmer Pérez
La Prensa, Honduras

Todas las instituciones que manejan fondos públicos deben ser investigadas debido a que los controles internos son deficientes. En otras palabras, eso es lo que cree la fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce.

“Es legítimo y sobradamente fundado revisar los sistemas… que muchas veces no dan los resultados esperados, no precisamente por falencias normativas sino por los conflictos de intereses que existen por la cooptación o por la colusión en el peor de los casos”, agrega.

Algo parecido dijo el coordinador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, quien sostiene que el nivel del gasto público sigue siendo “extremadamente creciente” y lo peor es que no se está atendiendo a la población, sobre todo en el ámbito social.

Honduras ha sido uno de los países de América Latina que más ayuda oficial ha recibido; en el período 1990-2006 los sucesivos gobiernos utilizaron más de siete mil millones de dólares, fondos suficientes para menguar el hambre en el país.

Habrá que recordar que en 2008 se hablaba de seis mil millones de deuda externa; después, de 24 mil millones, luego pasó a más de 40 mil millones de lempiras. Y hay algunos datos, que no se pueden confirmar aún, de que el endeudamiento supera los 55 y los 70 mil millones de lempiras en lo que va de este año.

¿Dónde está todo ese dinero? ¿Cómo fue invertido y por quiénes?

Nadie ni nunca, en el Gobierno, da respuestas concretas. Lo cierto es que desapareció por arte de magia o, a lo mejor, fue a caer en la bolsa izquierda de la burocracia.
¿Es esto legítimo? ¿Por qué no han investigado a los responsables de semejante robo al erario nacional? ¿Dónde esconde los disuasivos y la transparencia la tremenda corte y los demás tribunales de la república, y por órdenes de quiénes no enjuician a nadie?

En San Pedro Sula son de sobra conocidos por la actual Corporación Municipal los exfuncionarios que la dejaron en bancarrota; saben, pero no actúan contra los corruptos porque no los han demandado, convirtiéndose así en cómplices de los delitos. La Fiscalía y el mismo Congreso Nacional ordenaron una auditoría e investigación de los contratos que firmaron, pero los resultados no se conocen y la justicia, en vez de proceder, ha venido sobreseyendo los cargos a los responsables.

Y en el Gobierno Central esta práctica de dejar hacer y dejar pasar es ya consuetudinaria. ¿Qué falla? El sistema judicial, que responde a las influencias políticas, al compadrazgo y la corrupción.

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