Extranjeros en nuestra tierra

Desde hace unos años se viene dando un fenómeno inmobiliario de grandes proporciones en todo el país. A simple vista, observamos en la metrópoli grandes edificaciones que nos proyectan como un país en franco desarrollo.

 

Paralelo a esto, algunos expertos estiman inversiones en tierras altas y en Boquete por encima de los 200 millones de dólares; así como también en las zonas costeras, provincias centrales, el valle de Antón y Bocas del Toro, entre otras. Pero este movimiento económico, que pareciera tener una repercusión positiva, va aunado a una serie hechos que nos hacen reflexionar sobre las consecuencias que puede tener este avance mercantil en el país.

 

Por ejemplo, en el proyecto Punta Pacífica se dio un conflicto sobre una garita de acceso; en Boquete algunos de los nuevos “residentes” se quejan por el exceso de ruido durante los días festivos y los clásicos domingos cuando llegan nuestros indígenas; por otra parte, en la provincia de Los Santos en el distrito de Tonosí, más específicamente en el sector de Cambutal, hay unas villas a las cuales el panameño común no tiene acceso. Según la página web Salvemos nuestras islas y costas, en los últimos años se ha dado una venta indiscriminada de costas e islas a manos extranjeras: “Unas 20 islas panameñas con un valor individual que va de 395 mil a 4 millones de dólares están a la venta en un sitio de internet”.

Sin medir las consecuencias, en la región de Azuero, en donde resido, están a la venta no sólo las zonas costeras, sino también tierras dedicadas a la ganadería.

 

Producto de esta venta indiscriminada, con el pasar de los años los habitantes de esta región se quedarán sin las mismas para su producción; así como nuestras playas que están quedando en gran parte en manos de extranjeros.

Ahora bien, este problema no es sólo de los grupos ambientalistas que por años lo han venido denunciando; los panameños sin un carácter chauvinista y xenófobo debemos ser celosos de nuestras riquezas naturales (playas, ríos, reservas naturales), pero también le compete al Gobierno impulsar políticas económicas para evitar que gran parte de estas propiedades quede en manos extranjeras.