Fondos Públicos y beneficio social
Wednesday 29 September, 2010
Lizabeta S. de Rodríguez
La Estrella, Panamá
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, procura justificar lo injustificable, frente al caso de los pinchazos telefónicos. Se argumentan medidas para intervenir conversaciones telefónicas de dirigentes políticos y sindicalistas, como mecanismo especial y confidencial para detectar posibles comisiones de delitos. Esto deja un desagradable sabor de violación a los derechos y la discreción.
Trasciende que en algunas instituciones gubernamentales se incumple con la Ley 6 de 22 de enero de 2002, como marco de transparencia, para conocer el uso y manejo de los fondos consignados a salarios (incluyendo contratos), viáticos, gastos de representación y otros. La información concerniente a la ejecución presupuestaria y su objeto de gasto adolecen de actualización en la web, lo cual crea desconfianza.
La adquisición de autos lujosos, para uso personal y con placa particular, por jerarcas del gobierno, son fuertemente cuestionadas. Tal es el caso que hace referencia a la compra de un ‘Toyota Land Cruiser Prado VJ200, adquirido con fondos de autogestión de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas’, por más de 100000 dólares, para uso del ministro de Salud, Franklin Vergara.
El Ejecutivo proyecta invertir más de medio millón de dólares en la restauración del antiguo búnker situado en las faldas del Cerro Ancón, construido por el ejército estadounidense como refugio antibombas, durante la segunda guerra mundial. La intención de acondicionar estas instalaciones —indican— es tener un espacio seguro donde el Gabinete pueda sesionar, en caso de una catástrofe natural. La iniciativa puede ser buena, pero el concepto mal orientado. Al analizar el costo/beneficio que representa invertir medio millón de dólares para que el Gabinete se reúna en el caso de una tragedia muy remota, es un despilfarro. La intención del gasto concebido no justifica la inversión.
La situación descrita, debe provocar la reflexión y rectificación de nuestras más altas autoridades, así como una investigación inmediata, objetiva y veras de la Contraloría General de la República, en todo el gobierno, a fin de comprobar el adecuado uso de los fondos estatales.