Honduras

 

Cuando las élites económicas, militares y políticas sacaron a Zelaya por medio de un golpe de Estado creyeron que provocaría un disgusto internacional de una semana y todo volvería a la normalidad.

 

No podían estar más equivocadas. Un año después, el Estado y la economía están quebrados y el país está polarizado, aislado, más pobre y sin futuro.

 

Tras una semana de entrevistas en Tegucigalpa con actores clave para un análisis de economía política, pude corroborar el mal negocio que ha sido para el país el golpe de Estado. La prédica de las derechas centroamericanas de que “la crisis ya está resuelta” es una quimera. Tanto golpistas como antigolpistas reconocen que la situación en el país es caótica e insostenible. Esto por la cerrazón de los golpistas, que se empeñan por restaurar un statu quo político obsoleto, incluso a costa de derrocar a Lobo.

 

Aquel 28 de junio los militares hondureños se vendieron a las élites para una ilegalidad, y sacaron a Zelaya del poder —cuando ya no tenía poder, para provocar el caos—. Una carta falsificada de renuncia del 25 de junio, la compra de la Corte Suprema en pleno, la voracidad de los diputados y la complicidad de los medios cerraban el “golpe perfecto”, perfecto si viviéramos en autarquías incomunicadas del siglo XIX.

 

No pensaron que se cerraría el grifo de cooperación y préstamos para el Estado, se paralizaría la inversión extranjera y su país sería un paria. Los meses del Golpe fueron fatales y el gobierno de Micheletti aumentó la deuda por US$300 millones para evitar el colapso total del Estado, para pagar lobistas en EE. UU. y llevarse dinero a su casa. Y sin préstamos del BID y una élite y una ciudadanía renuentes a pagar impuestos hasta el día de hoy, el Estado sigue en bancarrota.