Mauricio Martínez
La Nación, Costa Rica
El excanciller y hoy exembajador ante la ONU, Bruno Stagno, finalmente, se vio obligado a soltar un hueso que resultó cargado de hormigas, tanto para él como para sus jefes, el canciller René Castro y la presidenta Laura Chinchilla.
Para perpetuarse en el servicio diplomático –no estoy seguro de que solo fuera por razones personales– Stagno promovió y firmó un acuerdo que lo nombraba embajador ante la ONU y, de paso, reubicaba a su último titular, Jorge Urbina, en una embajada inexistente.
Sin la presencia de Stagno, pues ya era demasiado, el anterior Consejo de Gobierno avaló los nombramientos y le heredó al nuevo Gobierno la violación del deber de probidad, consagrado en nuestra Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Esa legislación (8422) obliga a los funcionarios públicos “a orientar su gestión a la satisfacción del interés público”.
Según un informe de la Cancillería, la actuación de don Bruno es un claro conflicto de intereses y, yendo más allá, el procurador de la ética pública, Gílberth Calderón, ratificó que violó el deber de probidad sancionado con el despido sin responsabilidad patronal.