Impredecible: la política de la minería

Mientras los precios de los productos básicos aumentan y la minería se hace económicamente más importante en la región, las actitudes centroamericanas a esa industria son a menudo imprevisibles.

En Costa Rica, el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla se ha opuesto a la mina Crucitas, propiedad de la canadiense Infinito Gold Limited, que su predecesor, Oscar Arias, había declarado de interés nacional.

En la medida en que la administración Chinchilla es más socialista que la de Arias, su enfoque puede ser visto como ideológicamente consistente.

Lo mismo podría decirse de Panamá, que tiene una política de puertas abiertas en lo que respecta a la industria, a pesar de las manifestaciones de este mes en contra de la mina de Cobre, en las cuales se dio la muerte de un manifestante.

El proyecto Cobre, propiedad mayoritariamente de Inmet Mining Corporation de Canadá, vale alrededor de $4 mil millones, y cuenta con el apoyo del presidente Ricardo Martinelli, un capitalista de libre mercado, que se hizo rico como el dueño de una cadena de supermercados.

En otros casos, es a menudo difícil entender por qué un gobierno decide permitir o restringir la minería.

En El Salvador, el gobierno socialista de Mauricio Funes ha suspendido todas las operaciones mineras.

Sin embargo, Funes está más que todo ampliando la política de la administración anterior, encabezada por el derechista Antonio Saca, el cual ordenó la paralización de un proyecto minero, propiedad de la canadiense Pacific Rim.

En Nicaragua, el exrevolucionario Daniel Ortega, se declara el aliado de los iconos izquierdistas, incluyendo a Hugo Chávez y Fidel Castro,
Sin embargo, el Comandante ha dado una cordial bienvenida a la inversión extranjera de parte de la minería y otras empresas de explotación de recursos.

Esas empresas pueden ser hienas capitalistas.

Por otro lado, cada año inyectan decenas de millones de dólares en concepto de regalías en una economía pobre.