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Impuesto a empresas en zonas francas

Friday 21 October, 2011


Ottón Solís
La Nación, Costa Rica

La calidad de la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la infraestructura, etc., es crítica para atraer inversión extranjera. Ello lo han determinado numerosos estudios y lo confirman las empresas cuando explican sus razones para invertir en Costa Rica. Cuando el Gobierno tiene un elevado déficit, no puede invertir lo suficiente en esos campos y, por lo tanto, se reduce la inversión nacional y extranjera. Pero, además, un elevado déficit fiscal conduce a inestabilidad en las tasas de interés, en el tipo de cambio, en los salarios y en el entorno sociopolítico, todo lo cual también ahuyenta la inversión extranjera.

De hecho, desde mediados de los 80, los impulsores del Consenso de Washington –los de Washington y los de aquí– defendieron a capa y espada la tesis de que, si los países querían incrementar la inversión privada y el crecimiento económico, debían poner en orden ciertos asuntos fundamentales (“get the fundamentals right”). Dentro de ellos, siempre situaron en un primer lugar la situación fiscal.

Elevado desbalance fiscal. Costa Rica sufre hoy el desbalance fiscal más elevado de América Latina y el más elevado desde 1984. Nuestro déficit es el doble del promedio de la región. Ello a pesar de que las tasas de interés internacionales están a niveles históricamente bajos. En 4 o 5 años se habrán elevado al menos en 6 puntos. El elevado déficit fiscal se traduce en deuda pública y en el pago de intereses. Si la deuda fuese igual al 50% del PIB (si no se hace nada en 18 meses estaremos ahí) por cada punto porcentual en que se eleven las tasas de interés, el déficit se eleva en medio punto en relación con el PIB.

Como los intereses se pagan con más deuda, nos aprestamos a un incremento geométrico del déficit fiscal si no hacemos algo pronto. Fue por ello que en campaña anunciamos que se requerían nuevos impuestos progresivos. Sorprende que ahora los mismos sectores identificados con el Consenso de Washington se opongan a un pequeño impuesto a las empresas en zonas francas, como parte de nuestros esfuerzos para reducir ese déficit.

Existen numerosos estudios econométricos, algunos originados en el Banco Mundial y el FMI donde se demuestra que el tratamiento impositivo no influye en la inversión extranjera. Por otra parte, estos días hemos observado una utilización totalmente equivocada de un estudio de Procómer, el cual concluye que por cada dólar destinado a exoneraciones en el régimen de zonas francas se genera un “beneficio país” de 8 dólares.

El estudio simplemente toma el valor de las compras locales ejecutadas por la empresas en zonas francas ($2.864 millones) y lo divide por el monto de las exoneraciones ($363 millones), lo cual da casi 8, pero no indica cuánto de esas compras son causadas por las exoneraciones y cuánto por nuestras ventajas en relación con otros países en variables como nivel educativo, cercanía a Estados Unidos, paz social, tradición democrática, protección a los derechos de propiedad, criminalidad, desarrollo económico, etc.

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