Interrogantes sobre el 6-11 y después…

Carlos F Chamorro
El Nuevo Diario, Nicaragua

Setenta y dos horas después de las elecciones del 6 de noviembre, y pese a que el Consejo Supremo Electoral ha proclamado ganadores a Daniel Ortega y al FSLN, por un margen de 30 puntos por encima de Fabio Gadea y la alianza PLI, el debate nacional sigue girando en torno a la legitimidad del resultado electoral. Mucha gente dentro y fuera de Nicaragua, particularmente los votantes opositores que se sienten burlados, las organizaciones nacionales de observación electoral, y las cámaras empresariales, quieren saber cuál fue el resultado real de la elección. Si Ortega ganó de verdad, ¿con que margen triunfó y cuál es la cuota de votos de la nueva oposición emergente? Y si el FSLN ganó la elección legislativa, ¿Cuántos diputados le corresponden legítimamente y cuántos se le pretenden arrebatar a la oposición por la vía del fraude?

Estas y muchas otras interrogantes resultan inevitables al término de un proceso electoral que empezó y terminó viciado y carente de transparencia, como ha señalado de forma contundente la misión de observación electoral de la Unión Europea. Comenzando por un árbitro electoral parcializado y acusado de fraude en el 2008; la inscripción de la ilegal candidatura de Ortega; la cedulación partidaria y excluyente; la prohibición de la observación nacional independiente; una cadena de graves irregularidades que culmina con la obstrucción, no acreditación y hasta expulsión de fiscales de la oposición, en un porcentaje estimado en el 20 % de las juntas, en las que el partido de gobierno contó los votos sin ninguna vigilancia.

Miles de ciudadanos que se movilizaron de forma voluntaria han testimoniado de forma espontánea sobre el atropello perpetrado por la maquinaria oficial, y a la postre esta sido una de las “virtudes” del 6-11, incentivar esta corriente crítica que en medio de la frustración se ha convertido en una gran escuela de concienciación política. Pero la comprobación del fraude depende en última instancia del análisis de las actas en poder de la Alianza PLI y sobre todo, de la capacidad de su dirigencia para reconstruir, de forma creíble, lo que ocurrió donde no hubo fiscales y documentar la magnitud del fraude. ¿Cuál fue el resultado de la votación en las juntas donde el FSLN contó los votos a sus anchas? ¿Acaso hay un patrón de votación distinto en dos elecciones, una con fiscales y otra sin fiscales opositores? ¿Y si existe este patrón, de qué forma afecta los resultados de la elección legislativa? Este el primer desafío que enfrenta la alianza PLI para consolidar la confianza de sus electores, fiscales y activistas, antes de sentar las bases de una nueva oposición en el país.

En cualquier caso, despejar el fantasma del fraude le debería interesar también a los sectores más pragmáticos del partido de gobierno, porque la percepción de un fraude de gran magnitud amenaza con enterrar toda confianza futura en el sistema electoral. Y en un país con una memoria relativamente reciente de lucha antidictatorial, motivada por el cierre de los espacios democráticos y la cultura del fraude electoral, la reedición de este fenómeno de exclusión política eventualmente puede llevar a legitimar otras formas de lucha, ajenas al campo electoral, para promover la lucha por el poder. En consecuencia, la urgencia de una profunda reforma política electoral debería ocupar la prioridad número uno del país, una vez resueltas las cuentas políticas del 6-11. Pero debería estar claro para todos que sin un poderoso movimiento de presión popular, antes de las elecciones municipales del 2012, no hay ninguna viabilidad para cambiar de raíz las reglas del juego electoral.

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