La deuda pública, crédito y la acumulación por desposesión

Juan Jované
Panamá América, Panamá

Desde que la economía política presentó como acumulación originaria o primitiva lo que ahora, siguiendo a David Harvey, se conoce como acumulación por desposesión, incluyó entre sus mecanismos más destacados tanto a la deuda pública como al accionar general del sistema crediticio. En Panamá ambos elementos se encuentran plenamente activos.

En el caso del endeudamiento público del país, el cual opera en un contexto internacional de profunda financiarización y de crisis global generalizada, el gobierno local ha cumplido fielmente con su función de entregarle al capital financiero un amplio campo de acumulación y rentabilidad. Esto se detecta fácilmente al observar que en los dos últimos años el total de dicha deuda se ha aumentado en 5,910 millones, lo que representa un incremento de más del 24% sobre el nivel del 2009, aún sin tener en cuenta el endeudamiento proveniente de la ampliación del Canal. De esta expansión de la deuda pública 4,686 millones, es decir casi el 80% devino en un negocio adicional para el capital financiero transnacional, incrementando la dependencia y vulnerabilidad del país frente a la voluntad del mismo.

Desde el punto de vista interno, este financiamiento público adicional también ha venido a alimentar el proceso de acumulación por desposesión, el cual opera en su forma más abierta por medio de elementos tales como los contratos directos y los enormes sobreprecios observados, por ejemplo, en las negociaciones con el gobierno italiano. En términos menos visibles, pero no menos caracterizados por el despojo, la deuda adicional ha servido para financiar el gasto público en construcciones que, si bien sirven para rentabilizar el capital que opera en el sector, están concentrados en obras de dudosa prioridad y en una infraestructura destinada a consolidar un modelo de apertura que difícilmente pueda prosperar en la actual situación internacional. Gana el capital financiero, el capital de la construcción y los sectores que medran en torno de estos. Pierde la población en general y los más jóvenes en particular, los cuales tendrán que pagar a cambio de nada los impuestos adicionales necesarios para saldar la nueva deuda pública.

A la rapiña de los fondos públicos se adiciona otra que se alimenta principalmente de la expoliación financiera de los amplios sectores de la población asalariada. En este caso la situación se puede ilustrar con la comparación entre la tasa pasiva de los bancos y las tasas activas del crédito al consumo. De acuerdo a estadísticas oficiales referidas a junio de este año, los bancos del sistema que en promedio apenas pagaban el 1.02% de interés a las cuentas de ahorro personales, se daban el lujo de cargar un interés activo de 16.21% en las tarjetas de crédito, de 9.24% en los saldos de créditos personales y de 7.66% en los créditos vinculados a la adquisición de automóviles. Se trata de un verdadero caso de usura, el cual, sin embargo, seguramente palidece frente al abuso a que someten las financieras a los sectores más vulnerables de la población, entre los que se encuentran los pensionados y jubilados.

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