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La fusión del Ejército y la Policía Nacional

Miércoles 26 octubre, 2011


Israel C. Turcios Rodríguez
La Tribuna, Honduras

En días recientes los medios de comunicación social; hablados, escritos y televisivos, dieron a conocer a la opinión pública, la posible fusión entre el Ejército y la Policía Nacional. La noticia ha tenido un fuerte impacto en las clases sociales que configuran la sociedad hondureña, despertando por una parte, las reminiscencias del pasado y por la otra el ambiente político que cada día aumenta en ebullición.

En la hipótesis de fusionar las susodichas instituciones conllevan a un análisis en dos aspectos de suma importancia: 1. De tipo político y otro de carácter estrictamente jurídico, el primero podría ser para tener una sola institución y manejarla con personas afines al gobierno y evitar así se repita el 28 de junio del 2009; y el segundo aspecto tiene carácter jurídico fundamentado en disposiciones establecidas en los artículos 273 de la Constitución Política de Honduras que preceptúa: “Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el alto mando, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y los organismos que determinen su ley constitutiva”. Y el Artículo 293 del mismo cuerpo legal expresa: “La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítico en el sentido partidarista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos. La Policía Nacional se regirá por la legislación especial”.

En síntesis ambas instituciones tienen delimitado sus funciones pues las Fuerzas Armadas tienen como función primordial defender la integridad territorial, la soberanía de la República, y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. “Y la Policía Nacional velar por la conservación y el establecimiento del orden público, para la armónica y convivencia social; proteger la vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades de las personas y la seguridad de las instituciones públicas y privadas”, pues así lo establece la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas y la ley orgánica de la Policía Nacional.

En este momento de conmoción nacional derivada, de las fuerzas de la naturaleza, del crimen organizado, del tráfico de drogas y la inmensurable impunidad sería recomendable que el supremo gobierno con la colaboración de sus funcionarios y apoyo que le pueden prestar personas capaces y de buena voluntad, potenciar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, nombrando en sus cimeros cargos a ciudadanos cualificados para el desempeño de sus funciones; aumentando el sueldo a todo el personal de las instituciones relacionadas, establecer de inmediato la Policía Técnica Judicial adscrita al Ministerio Público a manera que inicie de inmediato, la investigación de todos y cada uno de los delitos que están quedando impunes y además ordenar, mediante una comisión especial, revisar la legislación en materia penal.

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