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La justicia como inversión

Martes 08 noviembre, 2011


Ricardo Trotti
La Prensa, Honduras

La inseguridad pública y la corrupción son las grandes dificultades que a diario soportan los latinoamericanos, a juzgar por las encuestas y estudios sobre calidad de vida en la región, lo cual es consecuencia de un problema aún más agudo: la falta de sistemas judiciales fuertes y eficientes.

La debilidad de la justicia tiene diversas fuentes, entre ellas, los magros recursos económicos que no superan el 1% del Producto Bruto Interno en los países latinoamericanos; la falta de profesionalización y la infiltración del crimen organizado; y, en peor medida, la falta de independencia, producto del avasallamiento constante que sufre de parte de los poderes políticos.

Un estudio de Freedom House difundido este viernes observó que el éxito de los nuevos procesos políticos en países árabes dependerá de la fortaleza de sus sistemas judiciales, mientras que en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, se percibe un deterioro democrático debido al declive sustancial de la primacía del Derecho en materia civil y criminal.

La falta de independencia judicial no solo está moldeada por aquellos políticos que nombran jueces ideológicamente compatibles, sino también cuando se cambian las reglas de juego con leyes y acuerdos, que bajo la excusa de la reconciliación nacional, favorecen a unos cuantos privilegiados, en desmedro de las víctimas y del bien común.

Por lo visto, en América Latina no acabamos de aprender de nuestros errores, como las amnistías y leyes de Punto Final que por décadas blindaron a los represores que asolaron el Cono Sur en la época de las dictaduras militares. Hace unos días en Uruguay se celebraba la decisión del Congreso de eliminar una ley de amnistía que protegía a criminales durante la dictadura y el de Brasil creaba una Comisión de la Verdad para revisar casos de su oscuro pasado; pero en Perú, una vez más, se proponía una amnistía general, por las violaciones a los derechos humanos en otras épocas.

La polémica entre perdonar y olvidar la reabrió el ministro peruano del Trabajo, Rudecindo Vega, admitiendo que la amnistía debería incluir al ex presidente Alberto Fujimori y a Antauro Humala, hermano del Presidente, y de paso, a los miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, como para que todo aparente una reconciliación general. Lo lamentable, en todo caso, es que cualquier arreglo terminará afectando a la Justicia, que sin responsabilidad alguna, deberá cargar con la falta de reparación y expectativa de equidad que sentirán miles de víctimas que por décadas fueron afectadas por el terrorismo y los abusos de Estado.

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