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La muerte institucional de Nicaragua

Jueves 22 diciembre, 2011


Giovanni Gutiérrez Camacho
El Nuevo Diario, NIcaragua

El desarrollo económico de los países del Primer Mundo se ha basado, entre muchas cosas, en la erradicación de la corrupción y la institucionalización del Estado más que de eficientes estrategias económicas, es decir, que las instituciones del país funcionen para lo que son, para servir a la sociedad.

La institucionalización de un Estado surge a partir del entendimiento de los seres humanos, basado en una previa situación de conflicto tales como la guerra o anarquía, donde los principales grupos de poder identifican intereses comunes. Estos (grupos de poder) crean los mecanismos apropiados para proteger sus intereses particulares e impulsar la distribución de la riqueza restante para sí mismos.

El acuerdo es regulado a través de un marco legal que garantice la distribución de rentas entre ellos (grupos de poder) y a su vez mantenga el orden social, o sea, el estatus quo.

En Nicaragua este orden pareció haberse alcanzando cuando los principales grupos de poder – los políticos y empresarios– realizaron “acuerdos” con los que se repartieron los poderes del Estado y rompieron de esta manera el trágico ciclo de la historia. Al menos esa era la posición de uno de estos sectores antes del pasado 6 de noviembre.

Sin embargo, hoy día, la situación ha tomado otro giro, pese a las constantes denuncias de los medios de comunicación quienes beligerantemente han puesto en evidencia las arbitrariedades de todos los órganos del Estado, no fue sino el proceso electoral que constituyó el deterioro de la institucionalidad en Nicaragua.

No han sido suficientes todos los indicadores que ponen al país en los primeros lugares de los más corruptos de acuerdo a Transparencia Internacional (134 según su último reporte), el PIB más bajo de la región según un informe de Funides, el principal exportador de capital humano según el SICA, 52% de inequidad en la distribución del ingreso, 50 puntos porcentuales en términos de gobernabilidad siendo 40 el máximo (y peor) al 2008 según el Banco Mundial, entre otros.

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