La respuesta no es unívoca (II)

Juan Héctor Vidal
La Prensa Gráfica, El Salvador

Así, el gobierno logró lo que quería con los cambios en el ISR y para ello, concurrieron casi todos los partidos con la notable excepción de ARENA, lo cual, por cierto, deja la sensación de que la estrategia seguida por los opositores a la reforma no funcionó. Ahora ¿qué sigue?

Los $150 millones que supuestamente se recaudarán con los ajustes que se le hicieron en la Asamblea Legislativa al proyecto inicial apenas se aproxima al 0.5% del PIB, una cifra pírrica comparada con el desequilibrio estructural que arrastran las finanzas públicas y que no tiene ningún impacto sensible en la deuda pública. Siendo el tamaño de esta un problema central para la sanidad financiera del gobierno, la reforma aprobada solo constituye un paliativo para enfrentar las penurias de corto plazo. De hecho, el problema fundamental es que el déficit puede seguir aumentando, si no se toman medidas drásticas para ampliar la base tributaria y en general para reducir al mínimo posible toda expresión de defraudación fiscal. Pero además, si toda la administración pública no se somete a un plan de austeridad riguroso, como se está haciendo hoy en día en muchos países, incluyendo a los más desarrollados, principalmente los europeos.

Todo indica que tanto desde el lado de los ingresos como del gasto hay márgenes no despreciables para actuar, aunque en este último plano no existe ninguna experiencia; en la práctica, solo se ha acudido al expediente de los impuestos para quitarle presión momentánea a las finanzas públicas. Para no ir muy lejos, con las reformas de 2004 y 2009 se recaudó un promedio de $300 millones adicionales por año, y podría haber sido más, si se hubiera perfeccionado el sistema de fiscalización y se hubiera actuado drásticamente contra los evasores. Las cifras que se mencionan sobre los montos que el fisco ha dejado de percibir por estas prácticas delictivas de grandes empresas son escandalosas y no deberían ser toleradas bajo ninguna circunstancia.

Pero sería socialmente también inaceptable que mientras el gobierno, en un afán de congraciarse con determinados sectores, siga otorgando privilegios a través de subsidios que, como los del transporte público y la energía, desnaturalizan el principio de equidad distributiva que debe estar presente en cualquier acción gubernamental que afecte el régimen tributario, las transferencias y, por supuesto, el gasto como tal. Así como es injusto tolerar las conductas abusivas de los evasores, el gobierno tiene que ser más racional en la forma de administrar los recursos, maximizando los beneficios y reduciendo los costos de los servicios que presta o de los bienes públicos que genera.

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