Las sombras de la reelección
Tuesday 01 November, 2011
Carlos F. Chamorro
El Nuevo Diario, Nicaragua
A pocos días de las elecciones del próximo domingo, nadie duda en este país que el presidente Daniel Ortega logrará la reelección. Las diversas encuestas coinciden en proyectar a Ortega con un nivel de intención de voto que apunta a sobrepasar el 50%, mientras el candidato del segundo lugar, el empresario radial Fabio Gadea, intenta traspasar el umbral del 30%. Y aunque todavía persisten dudas sobre el peso del voto oculto y el grado de confianza que se puede otorgar a las encuestas cuando prevalece un intenso clima de intimidación estatal y clientelismo político, la principal interrogante hoy no gira en torno al resultado electoral, sino al grado de legitimidad que lograría una reelección bajo la sombra de un proceso que ha sido fraudulento desde sus orígenes.
Las elecciones del 6 de noviembre han estado precedidas de graves irregularidades, empezando por la candidatura de Ortega que está doblemente prohibida por el artículo 147 de la Constitución. Contrario a lo ocurrido en Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad rechazaron por ilegal la pretensión de la primera dama Sandra Torres de aspirar a la Presidencia; en Nicaragua La Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral alineados bajo las órdenes de Ortega se confabularon para reformar por las vías de hecho la Constitución para inscribir su candidatura.
El Consejo Supremo Electoral, CSE, cuyos magistrados tienen sus términos vencidos, fue denunciado de fraude en 44 de los 153 municipios --incluida la capital Managua-- en las elecciones municipales del 2008, y sus estructuras están controladas desde la cúpula hasta las mesas de votación por el partido de gobierno. Adicionalmente, las organizaciones nacionales de observación electoral --Ipade, Ética y Transparencia y Hagamos Democracia, cuya acreditación ha sido negada arbitrariamente por el CSE-- han documentado ampliamente la interferencia partidaria en el proceso de cedulación así como las flagrantes violaciones a la Ley Electoral que ha cometido el candidato oficial, sin que el Fiscal Electoral se haya inmutado. El último acto calculado para generar incertidumbre en la oposición es la amenaza de inhibir después de la elección, a 50 candidatos a diputados de la Alianza PLI, cuando ya han sido inscritos y registrados en la boleta electoral.
La oposición agrupada en la alianza PLI alega que participa en el proceso electoral “bajo protesta”, y que a pesar de estas anomalías no podía ausentarse porque Ortega habría llenado el vacío con sus aliados --léase el PLC de Arnoldo Alemán-- y en el peor de los casos, se habría reeditado algo similar a lo ocurrido en Venezuela en 2005, cuando al retirarse la oposición, Chávez obtuvo el 100% del control del Congreso.