Lista de pendientes

Carolina Vásquez Araya
Prensa Libre, Guatemala

Después de una de las campañas más costosas y mediocres de que se haya tenido conocimiento, finalmente se eligió a un nuevo gobernante. Por supuesto, dado que escribo esto antes de que el enigma se devele, no sé cuál de los candidatos está hoy festejando el triunfo. Lo que sí sé es que no importa quién haya sido el vencedor, los retos a los cuales se enfrenta son gigantescos y de enorme trascendencia para el país. Para empezar, la lista de pendientes es abrumadora: desnutrición crónica, desempleo, escasez de fondos públicos, corrupción,ineficiencia de los cuerpos de seguridad, falta de acceso a la educación y a la salud; mortalidad materna, explotación infantil, trata de personas, narcotráfico y toda clase de problemas crónicos que han colocado al país a la cola del desarrollo a niveles regional, continental y mundial.

Conquistar la Presidencia de la República no es la fiesta que han hecho creer los estrategas de campaña. Todo lo contrario, quien asuma esta posición se verá en problemas para satisfacer las expectativas que despertaron sus promesas, con el riesgo latente de provocar una pronta frustración en quienes le favorecieron con su voto y las consecuentes acciones de protesta a que tal decepción puede conducir.

Durante las recientes administraciones ha sido evidente el escepticismo de la ciudadanía ante las promesas electorales. Además, los movimientos de indignados alrededor del mundo fortalecen las posiciones radicales que han puesto una fecha límite a la paciencia de las clases sociales afectadas por las crisis económicas. Esto representa una amenaza a la estabilidad política, pero también es un acelerador forzado de toma de decisiones a nivel gubernamental.

Este país necesita una reingeniería de sus estamentos de poder. Para empezar, en lugar de continuar desmantelando el Estado lo que se requiere es fortalecerlo. No hay otra manera de gobernar y, sin duda, no hay otra manera de consolidar la democracia en un marco de pleno derecho. Esto quiere decir que los inversionistas políticos —empresarios que pusieron dinero en el bolsillo del vencedor— por ningún motivo deberían tener injerencia en las políticas públicas, dado que solo buscan recuperar su inversión y eso significa hacer negocios con el Estado a costillas del pueblo.

Esta utopía, obviamente, está muy lejos de hacerse realidad. Los compromisos entre financistas de campaña y gobernantes son uno de los mayores valladares para el desarrollo del país y mientras no se legisle para ejercer un control efectivo sobre el financiamiento de los partidos políticos, este objetivo está lejos de alcanzarse.

A partir de hoy veremos cómo se comienzan a integrar los equipos de trabajo. Se podrá apreciar la incidencia de grupos de poder y las incipientes presiones de los aliados políticos que buscan un buen acomodo. Hace mucho que en Guatemala desapareció la integridad política, por lo tanto el nuevo Congreso de la República también evidenciará el impacto de los resultados de ayer. Esperemos que las nuevas autoridades sepan que su mandato es temporal, pero también sean conscientes de que se lo deben al pueblo de Guatemala y no a sus amigos del sector privado.

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