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Minería

Jueves 17 febrero, 2011


Gabriel D’Annunzio Rosanía Villaverde
Panamá América, Panamá

La motivación de cualquier proyecto es el desarrollo integral, pero, ¿quién tiene el derecho de determinar los límites? El asunto se complica cuando las ambiciones, los oportunismos, la arrogancia y la ignorancia se manifiestan por medio de los que apoyan o no, respectivamente, a los proyectos que implicarían graves afectaciones ambientales.

Las diferencias por las reformas del código minero panameño, no pueden ser tratadas bajo el argumento de que están auspiciadas por grupos opositores, ya que una pléyade de científicos y ambientalistas han expuesto sus consideraciones. En caso de que existan grupos políticos opositores infiltrados, que se estén aprovechando de la coyuntura con miras a los torneos electorales, es digno de censurarse, porque se trata de un movimiento que solo tiene como bandera los intereses de la patria.

Se tiene que tener en cuenta que ningún proyecto puede ser aprobado en detrimento del ambiente, lo que permite a la población en general hacer las observaciones correspondientes mediante la consulta pública en el proceso de estudio de impacto ambiental. Esto es así, sin menoscabo de que existen una serie de acciones, recursos y garantías, constitucionales, convencionales y legales, que permiten recurrir ante el Órgano Judicial, las instituciones competentes y los organismos internacionales correspondientes, para denunciar y demandar las infracciones de los derechos que atañe al ambiente. 

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